«El decreto ley supone la sustitución del Parlament por el Govern y constituye una excepción, en primer lugar, al procedimiento legislativo ordinario, pero también a la participación de las minorías que el procedimiento legislativo ordinario dispensa». Este varapalo al uso del decreto como norma legislativa procede del Tribunal Superior de Justicia de las Isla Balears y le ha costado al Govern que los jueces lleven al Tribunal Constitucional uno de los 25 decretos ley que se han aprobado en esta legislatura.
No es un debate nuevo ya que la oposición lleva toda la legislatura denunciando esta forma de gobernar de Bauzá, pero ha cobrado fuerza con al decisión el TSJB. Los tribunales consideran que para aprobar un decreto-ley deben darse circunstancias concretas de difícil previsión que hacen imprescindible una acción normativa inmediata. Rajoy acaba de aprobar una norma similar por esta vía, con gran enfado de la oposición, que ya ha anunciado que irá al Constitucional.
Medidas urgentes
El TSJB cree que esta extrema urgencia y necesidad no se da ni siquiera en un decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit público, que es el que se considera inconstitucional.
El Estatut establece que el Govern solo puede recurrir a los decretos-ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, pero, por esta vía, ha cambiado la ley de IB3, la de creación del SOIB, la reorganización del IB-Salut, la modificación de la ley de comercio o la regulación provisional de las nuevas edificaciones sin red de saneamiento. Si alguna de estas materias ha sido recurrida ante los tribunales, es muy probable que el TSJB tome la misma decisión y termine presentando el recurso de inconstitucionalidad ya que la urgencia y la imprevisión no están justificadas en muchas de ellas.
«El Govern confunde urgencia con prisa», dice el diputado del PSIB Antonio Diéguez. «Las medidas extraordinarias de ajuste del déficit eran urgentes y el Tribunal Constitucional ha avalado actuaciones similares del Gobierno central», contesta un portavoz del Govern.
En el trasfondo del debate está el hecho de que los decretos ley dejan al Parlament, y por lo tanto a la oposición, sin margen de maniobra. Entran en vigor desde el momento en que los aprueba el Consell de Govern y el único requisito es que sean convalidadas un mes después en la Cámara balear. La oposición no puede presentar enmiendas ni solicitudes de modificación del texto. El Parlament queda sin función alguna, más allá de dar el visto bueno a lo le pide el ejecutivo, de ahí que el TSJB considere que el Govern hace un 'apoderamiento' de la función legislativa. De los 25 decretos-ley que ha aprobado Bauzá, solo seis se han tramitado después como ley, dando voz y voto a la oposición.