«Los funcionarios nos aplaudían y nos invitaban a subir a más plantas»

El juicio contra 44 estudiantes acusados de desobediencia por la protesta en el interior de la Conselleria d´Educació en 2012 arrancó en un ambiente entre reivindicativo y festivo, con decenas de personas apoyando a los acusados a la puerta del juzgado. Dentro de la sala, salvo por un incidente aislado, el desmayo de una de las encausadas, la tónica fue la misma. La primera sesión del juicio terminó en una salva de aplausos. Salvo cuatro de los acusados todos optaron por no declarar y sus defensas introdujeron sus declaraciones en fase de instrucción.
Los que sí contestaron a alguna pregunta dejaron claras dos ideas: en ningún momento nadie les impidió el acceso a la Conselleria d´Educació y, una vez allí, los funcionarios les animaron a continuar la protesta por todas las plantas hasta que llegaron al despacho del entonces conseller, Rafael Bosch. «Los funcionarios nos animaron a que subiéramos. Nadie nos dijo que nos fuéramos», aseguró uno de ellos.
Otra de las acusadas, la única que no llevaba una camiseta verde también fue la única que respondió a las preguntas del fiscal. Afirmó desconocer quién convocó la protesta el 22 de mayo de 2012 e insistió en que siempre fue algo pacífico.
Sobre la agresión que la Fiscalía imputa a siete de ellos a la jefa de gabinete del conseller, todos la niegan. Aseguran que lo que ocurrió fue que un empleado de la Conselleria intentó cerrar la puerta del despacho y provocó un empujón y que a partir de ahí la jefa de gabinete propinó una colleja a uno de los manifestantes. Todos, en sus declaraciones judiciales afirman que se pusieron a gritar «No violencia» y terminaron en silencio escuchando a uno de ellos tocar el violín.
El juicio continúa hoy con la declaración de los testigos. La Fiscalía acusa a los 44 estudiantes de un delito de desórdenes públicos por el que reclama seis meses de prisión para cada uno y a siete de ellos les acusa de otro delito de lesiones por el que les pide un año de cárcel más. Por su parte, la Abogacía del Govern reclama para todos una condena de 22 meses de cárcel por delitos de coacciones y de desorden público. Las partes han introducido distintos vídeos que muestran lo ocurrido en la Conselleria.