El Colegio de Administradores de Fincas de Balears (CAFB) constata que las comunidades de vecinos de Balears están soportando importantes deudas por impagos de inquilinos y propietarios de viviendas, principalmente por parte de entidades financieras que han ejecutado hipotecas, sumando en su conjunto a finales de 2013 un total de 53 millones de euros, de los cuales 10 millones corresponden a entidades financieras, según señaló ayer el presidente del CAFB, Pedro Mayol.
Esta deuda se acumula a la existente en 2012, que fue de 43 millones (6 millones de entidades financieras).
Morosidad
«En estos momentos los niveles de morosidad en las comunidades de vecinos en las Islas reflejan que el 40% corresponde a retribución de pagos, el 22% a morosos de toda la vida, un 26% a insolvencias reales y un 12% a bancos y promotores. Este 12% supone el 30% del total de la deuda general», apuntó Mayol.
Esta cuestión, así como otras relacionadas con el colectivo de los administradores de fincas, será debatida desde el jueves al sábado en el XVIII Congreso Nacional de Administradores de Fincas, que tendrá lugar en el Auditórium de Palma.
En este congreso, los administradores debatirán toda la problemática que les afecta, entre ellas las leyes de Colegios Profesionales, Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos.
El vicepresidente del Colegio, Pau Bonet, respecto a los alquileres turísticos, señaló las dificultades que tienen que afrontar muchas comunidades de vecinos por esta cuestión.
«Los alquileres turísticos en complejos inmobiliarios van en aumento. Se pueden alquilar como arrendamiento de temporada, pero siempre y cuando no se comercialicen por ningún portal en internet y ni ofrezcan servicios. Sin embargo, se siguen comercializando porque hay un vacío legal. El pasado año presentamos en la Conselleria de Turisme unas 20 denuncias y todavía no se ha resuelto ninguna», afirmó Bonet.
El presidente del CAFB señaló que se espera que en el citado congreso nacional «saldrán modificaciones para modificar leyes, las cuales ofrecerán más garantías a las comunidades de vecinos y propietarios. Hay demasiada regulación y lo lógico es que se racionalice esta situación, con el fin de que los administradores de fincas podamos trabajar en unas condiciones favorables en pro de los propietarios».