La Agencia Tributaria insiste en atribuir a Iñaki Urdangarin la comisión de dos delitos fiscales en el IRPF de 2007 y 2008, y afirma que «actuó con engaño» y usó «artificios defraudatorios» con el objetivo de eludir sus obligaciones tributarias.
El informe número 12 elaborado por Hacienda a lo largo de los casi tres años de instrucción del ‘caso Nóos', fue trasladado ayer a las partes personadas por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro.
En el escrito, los técnicos reiteran el alcance de la mecánica defraudatoria empleada por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, entre ellas, el cruce de facturas entre las sociedades satélites de Nóos –un total de 425 por un importe de 8 millones de euros– y el uso de la sociedad Aizoon, de la que el exjugador de balonmano es copropietario junto a su esposa, la infanta Cristina, para cobrar el dinero de ocho empresas privadas y tributar menos en el IRPF.
Drenaje de recursos
La Agencia Tributaria explica que el yerno del Rey «drenó» los recursos generados en el Instituto Nóos hacia su patrimonio, una entidad sin ánimo de lucro y que «carecía de la posibilidad legal de repartir dividendos», tal y cómo ya señalaba en el informe de junio de 2013.
En ese informe, Hacienda insiste en que Urdangarin defraudó 182.005,27 euros en 2007 y 155.138,48 euros en 2008.
Los peritos explican ante el juez que Urdangarin «actuó con engaño en dos elementos decisivos»: describió los servicios facturados a las empresas por un concepto distinto al sometido a retención y, en «un segundo ardid», emitió la facturas a través de Aizoon como «sociedad interpuesta». «El incumplimiento de la obligación de retener resulta pues claramente achacable a la conducta del señor Urdangarin Liebaert, y en el sumario del ‘caso Nóos' obran testimonios más que suficientes de que dicha actuación irregular no fue precisamente ideada por las empresas, sino por el propio Urdangarin», precisa Hacienda.
Y añade: «Queda acreditado que nos hallamos ante un artificio defraudatorio ideado con toda probabilidad por el perceptor, que las empresas pagadoras se limitaron a asumir, pero que de ninguna forma les es imputable».