El proyecto de modificación de la Ley de Puertos de Balears permitirá al Govern disponer de un registro actualizado de los más de 14.000 amarres que son de titularidad pública en la Comunidad Autónoma, para así evitar el fraude en todo el proceso de trasvase y comercialización de los mismos, según indicaron ayer el conseller de Turisme, Jaime Martínez, y el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero.
Ambos indicaron que está previsto que para el verano ya esté desarrollada esta «herramienta» mediante la cual se sabrá el nombre y apellido de los propietarios de los amarres de las 41 instalaciones dependientes de Ports de les Illes Balears (Ports IB): 32 en Mallorca, 6 en Menorca y 3 en Eivissa.
Tasa
Con el objetivo de poder hacer un control estricto, Martínez anunció la creación de un tasa administrativa, de una cuantía «simbólica» (entre 8 y 10 euros), destinada al control de la transmisión de amarres.
«El objetivo de la tasa es atender el coste de la puesta en marcha del registro de amarres y, además, aflorar el mercado de transmisión de amarres. El importe se podrá cuantificar con la Ley de Tasas y será en todo caso reducido», afirmó.
El conseller, asimismo, resaltó el hecho de que se introducirá la nueva figura del Plan General de Puertos, que permitirá conseguir una planificación más controlada y sostenible y también se modifica el proceso de tramitación para las concesiones de nuevos puertos y ampliaciones sustanciales, entre otras actuaciones.
Al respecto, el conseller y Deudero puntualizaron que se otorgará a cada puerto la figura de los planes de uso y gestión. «Deberá ser cada concesionario el que tenga que presentar dichos planes y no la Administración», precisó Deudero.
El Govern espera que antes de acabar la legislatura esté listo el plan director de puertos en el que se planificará el futuro y se definirá la posibilidad de crear nuevas infraestructuras portuarias.