El plan de liquidación de Orizonia presentado por los administradores concursales ante el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, admite las serias dificultades que están encontrando para cobrar lo que les adeudan, casi un año después de haber extinguido los contratos de sus 5.000 trabajadores, unos 1.000 de ellos en Palma.
Por ello, anuncian que se desprenderán de todos sus bienes para obtener la mayor cantidad posible de liquidez, ya sea vendiendo o subastando el patrimonio, incluidas las marcas y dominios de internet. También, la empresa ha iniciado la reclamación por conducto notarial de todo lo que le adeudan por un importe superior a los cien euros.
El pasivo de Orizonia, con sede en el ParcBit de Palma, se eleva a 2.085.555.711, 36 euros (ver gráfico en esta misma página) y la mitad de esa cifra corresponde a créditos privilegiados, entre otros, la Seguridad Social y trabajadores. En ningún caso, todos los acreedores cobrarán porque lo que Orizonia debe es muy superior a lo que puede recuperar.
Liquidez
«El objetivo es conseguir la mayor cantidad de liquidez enajenando bienes y derechos», señala los administradores concursales en el plan de liquidación que debe ser aprobado por el juez.
Añaden que las dificultades de cobro de las deudas obedecen a «las especiales relaciones con los grupos turísticos» y porque muchos de sus clientes «son a la vez acreedores». El plan establece que todos los trabajadores recibirán las cantidades que reclaman a lo largo de 2014. Para ello, la sociedad ya ha ejecutado cinco operaciones de venta, enajenará la totalidad de la cartera de sus clientes y liquidará todas sus sociedades nacionales y extranjeras, incluso, llegando a pactos de quita y espera con los deudores.
«Las reclamaciones del dinero se realizará por vía judicial y extrajudicial», señalan los administradores concursales.
La liquidación de los bienes afectará a la Fundación Orizonia, que carece de activos y de recursos, y a la sede alquilada del ParcBit, donde además, se ha procedido a modificar las condiciones de arrendamiento con el objetivo de «minimizar los costes recurrentes».