La Fiscalía de Balears ha recurrido el auto de archivo dictado por la jueza de la causa contra 22 controladores del centro de control de Palma que colapsaron los aeropuertos en el Puente de Constitución de 2010, y pide que se les juzgue por un delito de abandono de funciones, y no por sedición.
Según confirmó ayer a este diario el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, la decisión se ha adoptado tras conocer los argumentos jurídicos expuestos por la jueza en comisión de servicio del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Ana Cameselles.
La Fiscalía considera que al abandonar sus puestos de trabajo los controladores produjeron un grave perjuicio a un servicio público esencial, como es el tráfico aéreo.
Barceló, precisamente, redactó la querella criminal contra el colectivo que dirige el tráfico de los aviones en los aeropuertos. Entonces, les imputaba un delito de sedición.
Sobreseimiento libre
Este es el segundo recurso contra la decisión de la jueza de acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones desarrolladas desde 2010.
La Federación Hotelera de Mallorca también se ha opuesto al auto a través de un recurso de apelación dirigido a la Audiencia de Palma, en el que solicita que acuerde ordenar a la jueza que practique nuevas diligencias.
La magistrada dictó el auto de archivo tras escuchar en la torresde control el contenido íntegro de las conversaciones internas realizadas por los controladores aéreos durante los días del conflicto. Parte de esas grabaciones fueron reproducidas ayer por este diario. Según los empresarios sel sector de alojamiento la Ley Penal y Procesal d'e Navegación Aérea castiga el delito de sedición, y subraya que serán castigados con la pena de prisión menor, como reos de sedición, «los tripulantes, pasajeros, empleados o personas concertadas con ellos, que en aeropuertos o aeronaves se alzaren colectivamente para cualquiera de los fines relacionados con la navegación aérea».