La Federación Hotelera de Mallorca, acusación popular en la causa que investiga el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos en el puente de la Constitución de 2010, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Ana Comeselles, de archivar las actuaciones contra 22 de los profesionales que dirigen el tráfico aéreo en Balears.
La patronal, defendida por el abogado Llorenç Salvà, pide a la Audiencia de Palma que estime el recurso e inste a la jueza a continuar con las diligencias por los delitos de sedición o coacciones.
Los controladores aéreos se ausentaron de las torres de control de todos los aeropuertos españoles en el inicio de la festividad y más de medio millón de pasajeros se quedaron en tierra, unos cien mil de ellos en Palma, Menorca y Eivissa.
El Gobierno de José Luis Zapatero militarizó los aeródromos y durante algunos días, los controladores aéreos realizaron sus funciones junto a agentes de la Guardia Civil, como ocurrió en Son Sant Joan.
Conversaciones
Los hoteleros aportan en su recurso varios folios con las conversaciones grabadas al colectivo para demostrar que, supuestamente estaban concertados.
«Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta y no otorgar un ticket de impunidad a un colectivo que ha hecho y desecho a su antojo», señala el escrito. Parte de esas conversaciones con reproducidas en estas mismas páginas.
La jueza decidió archivar la causa al no apreciar la comisión de delito alguno tras escuchar las grabaciones en las torres de control, pero la patronal del sector de alojamiento mallorquín insiste en que la magistrada «ha rebasado las funciones propias de la instrucción» al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones. La causa contra los controladores fue investigada desde 2010 por tres jueces: Juan Catany, Juan Manuel Sobrino y Ana Comeselles. La querella fue presentada por el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló.
«Es preciso deslindar las funciones del instructor y las del tribunal al que corresponde el enjuiciamiento y la decisión, de forma que el primero, siempre que exista una acusación, no puede rebasar las funciones propias de la instrucción y adentrarse en cuestiones que afectan a la culpabilidad, como el dolo, o a otros elementos del tipo», señala el recurso.
Subrayan que las autoridades o funcionarios públicos que llevaren a cabo el abandono colectivo y «manifiestamente ilegal» de un servicio público, es una conducta que guarda correspondencia con la modalidad de sedición impropia, con penas de suspensión de empleo o cargo público y multa. La patronal hotelera insiste que la decisión de la jueza implica un «sobreseimiento definitivo», que determina «el cese del proceso penal sin que quepa su reapertura, de forma que cuando adquiere firmeza «produce los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme» Por ello, solicitan a la Audiencia que acuerde la continuación de las diligencias.