Tres familias de Palma han reclamado hoy en un juicio en la Audiencia que les devuelvan lo que pagaron por las casas que compraron en el barrio del Amanecer en 2005 creyendo que eran nuevas, porque las consideran inhabitables al carecer de cimientos y estar llenas de grietas y humedades.
La Audiencia de Palma ha acogido hoy la primera jornada del juicio por estafa contra Francisco Javier M.A., el hombre que compró a finales de 2004 tres casas antiguas situadas en la calle Donants de Sang, realizó en ellas leves reformas estéticas y las puso en venta afirmando que estaban nuevas o completamente reformadas.
El abogado de las tres familias ha pedido que sean indemnizadas con lo que pagaron por ellas, restándole el coste del solar, y añadiéndole los gastos que han asumido para repararlas.
Las tres familias han relatado ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia cómo, después de llevar varios meses residiendo en sus nuevas casas, descubrieron por el mal olor que no tenían acometida de aguas sucias, sino únicamente un pozo negro común que había sido condenado para ocultarles sus existencia.
El principal acusado ha asegurado que había advertido a los futuros propietarios de la existencia del pozo negro y ha negado que les dijera que se podía edificar una segunda planta encima de las construcciones existentes como alegan las familias.
Los agentes de la inmobiliaria han dicho que solo hicieron de intermediarios y desconocían las deficiencias que presentaban las viviendas hasta que se las comunicaron los nuevos propietarios meses después de haberlas comprado.
«Los techos son verdes y todo está agrietado»
Uno de los afectados ha explicado al tribunal que el tejado de su vivienda se convierte «en una piscina» cada vez que llueve porque no tiene desagüe. «No se puede vivir ahí, los techos son verdes y todo está agrietado», ha asegurado este propietario, que ha detallado que tiene un hijo pequeño que ha sufrido problemas de bronquios por la humedad.
Ha recalcado que la compró convencido de que era nueva como le había dicho la inmobiliaria pero las deficiencias que sufre son estructurales y no se pueden reparar: «tendría que tirarla abajo entera y hacerla de nuevo».
«Me siento engañado. Tengo una hipoteca sobre esta casa, me quedan 22 años por pagar y no puedo venderla porque estaría engañando a alguien», se ha lamentado.
Otro de los propietarios ha relatado que cuando fue a visitar la casa le dijeron que en esa manzana había tres casas viejas que se habían tirado y construido de nuevo.
La compró en mayo de 2005. «En agosto empezó a llenarse el pozo negro que habían condenado para que no lo viéramos y empezó a salir porquería por los váteres», ha relatado.
Los tres propietarios dotaron las viviendas de salida de aguas sucias y arreglaron el contador eléctrico común que se prendió fuego un año después de que vivieran allí.
«He tenido que tirar mi casa entera y volver a hacerla pero lo peor es que tengo dos niños pequeños y uno enfermó», ha asegurado este hombre que llegó a pagar 60.000 euros por una reforma con la que ha acondicionado la vivienda «aunque no sea legal». Solo una de las viviendas ha obtenido cédula de habitabilidad.
Otra propietaria ha detallado que cuando llevaban algún tiempo viviendo allí descubrieron por una cuarta vecina que reside desde hace 41 años en la misma manzana que sus casas eran tan antiguas como la suya, solo que habían sido ampliadas con obra nueva al cerrar un patio con limoneros.
Las reformas superan los 50.000 euros
Una arquitecta que elaboró un informe sobre las viviendas ha detallado que además de carecer de cimientos también presentan cubiertas deficientes aunque se trata de irregularidades difíciles de detectar si no es por parte de expertos que realicen catas.
Ha detallado que reparar todas las deficiencias podría alcanzar un coste superior a 50.000 euros y aún así las humedades de las paredes procedentes del suelo serían difíciles de subsanar.
La fiscal ha pedido cuatro años de cárcel y 3.960 euros de multa para el constructor que vendió las casas y ha retirado la acusación contra el dueño de la inmobiliaria y los dos agentes que intermediaron en las ventas.
Ha reclamado además que el acusado indemnice a los perjudicados con 1.000, 60.000 y 15.000 euros por los gastos que tuvieron que afrontar para reparar los desperfectos estructurales de cada vivienda, más los 9.000 que gastaron los tres conjuntamente en reparaciones comunes, y 60.000 adicionales para cada uno por los perjuicios morales sufridos.
El abogado que representa a las familias, Francisco Fernández Ochoa, ha pedido además una condena de dos años de cárcel para los agentes inmobiliarios como cómplices de la estafa y de 10 meses para un tercer agente.
Está previsto que el juicio concluya este viernes.