El Govern calcula que el vigente modelo de financiación ha supuesto hasta la fecha una pérdida de ingresos que superará los 1.000 millones de euros. Ha elaborado un informe, que ha remitido al comité que prepara la revisión del modelo, en el que hace una evaluación del sistema vigente.
Ayer era el día límite para que las comunidades presentaran las conclusiones al Ministerio y las de Balears van en dos direcciones fundamentales. La primera de ellas señala que el sistema de entregas a cuenta ha supuesto que no han llegado esos más de mil millones. El modelo acaba este año para Balears, pero no habrá recibido los más de 500 millones anuales de las liquidaciones de 2013 y 2014, según indica el Govern en su informe.
Autonomía fiscal
La segunda consecuencia negativa que ha tenido el modelo es que Balears ha perdido autonomía fiscal. Las estimaciones del Govern señalan que, en 2007, el grado de autonomía fiscal de las Islas, es decir, la no dependencia financiera hacia Madrid, era del 30 por ciento. Cuatro años después, la cifra ha caído 10 puntos y se sitúa en el 20 por ciento, según este mismo informe.
Las fuentes consultadas no han aclarado si en el informe se detallan los efectos positivos del modelo, que básicamente se centran en que Balears se ha situado por primera vez en la media española o muy cerca de la media, que es algo en lo que insisten los representantes socialistas.
El Govern reconoce que el modelo de financiación que ahora debe renegociarse ha supuesto una mejora clara, pero sigue teniendo desfases graves, como la ingente cantidad que se destina a solidaridad –más de 800 millones este año–, o esos 1.000 millones que no llegarán hasta pasados dos años.
Los socialistas acusan al Govern de dar datos falsos con estos cálculos, y así lo ha dicho el diputado Marc Pons. El exconseller d'Hisenda Carles Manera tuvo hace unos días una agria trifulca con José Vicente Marí, a quien acusó de no dar los datos correctamente.
Más allá de las ventajas o defectos del modelo, el Govern ya ha comenzado a negociar con otras comunidades para que se modifiquen partes sustanciales. La petición básica es que se respete el principio de ordinalidad, es decir, que si una comunidad está entre las primeras en recaudación, también debe de estar entre las primeras a la hora de recibir ingresos.
Ingresos por habitante
La segunda cuestión en la que quiere incidir el Govern es en que el modelo respete la financiación por habitante. Se trata de conseguir una nivelación para que en todas las comunidades autónomas se disponga de los mismos recursos per cápita para sanidad, educación y servicios sociales. Si alguna comunidad quiere ofrecer servicios adicionales, el Govern entiende que debe hacerlo con sus propios recursos y no utilizar los que le llegan de otras comunidades vía fondo de solidaridad. Esa es la tercera clave del modelo que defiende del Govern: una modulación en los fondos de solidaridad.