El vicepresidente y conseller de Presidència, Antonio Gómez, dejó entrever ayer que el polémico borrador de decreto que desarrolla la Llei de Símbols, será modificado y que se recogerán algunas de las alegaciones que se han presentado hasta el momento.
Gómez, primero en el pleno del Parlament y luego en conversaciones posteriores, dijo que una vez que el Consell Consultiu se haya pronunciado se concretará el texto definitivo. PSIB y Més dan por hecho que el Consultiu tumbará la propuesta. También cargos del PP dan por hecho que habrá cambios. El socialista Antoni Diéguez interpeló a Gómez por el decreto y por la Llei de Símbols. Lo considera un ataque a la libertad de expresión, la vuelta de la censura previa y una norma que sólo tiene por objeto expedientar al sector docente enfrentado con el Govern.
La cuatribarrada
Interpelado por Diéguez, el vicepresidente Gómez dijo que la Llei de Símbols «no va contra la cuatribarrada» pero añadió que «las cuatro barras rojas con el fondo amarillo es uno de los símbolos oficiales» de Catalunya que compete a la Generalitat la competencia exclusiva de su ordenación.
El pleno se cerró con un acuerdo unánime: solicitar al Gobierno central que haga públicas las balanzas fiscales. Fue a raíz de la negociación de una enmienda que el PSIB había presentado a una moción del PP en que se reclamaba del Ejecutivo central que se difundieran las «cuentas públicas regionalizadas».
Durante la defensa de las enmiendas de su coalición, el diputado David Abril (Més) celebró que el president Bauzá «haya cambiado su estilo de protesta». Dijo que había pasado «del modo kleenex al modo teatro».
Bauzá ya reclamó el día anterior la publicidad de estos datos.