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El Govern expedientará a los directores que no retiren los lazos

La Llei de Símbols entra en vigor el 20 de enero tras su publicación en el BOIB. | Jaume Morey

| Palma |

Comienza la cuenta atrás para los lazos cuatribarrados colocados en colegios o institutos de Secundaria. El Govern tiene la intención de hacer cumplir la polémica Llei de Símbols y desde Vicepresidència ya han comunicado que, a partir del 20 de enero, comenzarán a abrir expedientes a todos los directores de centros públicos que mantengan los lazos en las fachadas de los centros docentes.

Veinte días
El texto fue aprobado por el Parlament en la última sesión plenaria y publicado en el último Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del año, el del 31 de diciembre. El texto recoge que entrará en vigor a los 20 días de su publicación, lo que significa que el primer en el que ya no podrá haber lazos de las fachadas será el 20 de enero, día de Sant Sebastià.
Fuentes del departamento de Vicepresidència afirmaron ayer que la ley es de obligado cumplimiento desde el día en que entra en vigor. «Si hay una denuncia o una puesta en conocimiento de que se está contraviniendo la ley, se iniciará de inmediato el expediente», señalaron las mismas fuentes. El expediente puede concluir en una multa al director del centro público que no ordene la retirada inmediata del lazo. Estas sanciones pueden llegar a los 10.000 euros si se considera que la falta es muy grave.

El Govern insiste en que no habrá ‘periodo de gracia' y que los expedientes se pondrán en marcha desde el mismo día de la entrada en vigor de la norma. Ese día es fiesta en Palma, ya que se celebra el patrón de la ciudad, pero en el resto de la Comunitat los centros docentes están abiertos.

Siguen en la fachada
Los lazos cuatribarrados siguen presentes en numerosos centros docentes de Palma, pero especialmente en numerosas localidades de la Part Forana. A partir del 20 de enero, la ley marca que deben ser retirados ya que cualquier símbolo colocado en un centro sostenido total o parcialmente con dinero público debe contar con la autorización previa de la Conselleria competente. En este caso, es el departamento de Joana María Camps quien deberá resolver las peticiones.

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