La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, puede respirar más tranquila: los altos cargos de su gobierno podrán seguir siendo políticos y no tendrán que ser funcionarios. El Senado aceptó ayer dos enmiendas a la llamada 'Ley Montoro' que cambian sustancialmente este texto por lo que respecta a las instituciones insulares.
La ley obligaba a que todos los cargos directivos de la institución fueran funcionarios del nivel máximo, algo que en estos momentos solo cumplen tres de la veintena de altos cargos del gobierno insular.
Diputaciones y consells
La misma ley no hacía distinciones entre diputaciones y consells y obligaba a que, en el plazo de un año, todas estas instituciones entregaran a los gobiernos autonómicos las competencias en servicios sociales. La contradicción está en que los consells gestionan buena parte de los servicios sociales debido a que fue una competencia transferida por el Govern.
El PP y Coalición Canaria aceptaron ayer transaccionar dos enmiendas para que los consells queden excluidos de esta obligación que sí afectará a las diputaciones. El acuerdo se ha alcanzado después de que los senadores Josep Sala (PP) y Francesc Antich (PSOE) lleven semanas trabajando conjuntamente para hacer ver a las direcciones de los respectivos partidos que los consells tienen características propias de institución autonómica que derivan del Estatut d'Autonomia.
Sala envió ayer un comunicado en el que se congratula de los cambios introducidos ayer en la ley, mientras que Francesc Antich anunció que seguirá trabajando para que toda la ley reconozca la singularidad de los consells y que no quede recogida únicamente en los dos artículos que ayer quedaron modificados en el Senado.
La 'ley Montoro' entra en vigor el próximo 1 de enero lo que significaba que, en caso de que Maria Salom quisiera hacer cambios en su gobierno, debía tener en cuenta la obligación de que todos los nuevos altos cargos fueran funcionarios de máximo nivel.