Que la acción social no tiene que tener color político y que la atención a las personas con discapacidad debe ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno son los ejes del 'Pacto Social' propuesto y aprobado ayer en el Parlament balear por siete asociaciones y centros de asistencia a minusválidos con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La sesión fue abierta y clausurada por la presidenta del Parlament, Margalida Durán, a quien acompañaron en la mesa la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, y Juan Parera, director de la Unió d'Associacions i Centres d'Assistència a Minusvàlids de Balears (UNAC).
Reclamaciones
Ponentes en el acto, desde la tribuna de oradores del Parlament, fueron Ricardo Sevillano, en nombre de los discapacitados físicos sobre las barreras arquitectónicas; Dominik Brunosvsky, en nombre de las personas con síndrome de Down, sobre el empleo; Asunción Fresneda, madre de un niño con discapacidad al 90 %, respecto a las necesidades de Eivissa en ese ámbito; Dante Amin, con síndrome de Asperger, reclamando un registro autonómico de personas con discapacidad; Santiago Orfila, desde el retraso cognitivo moderado, exponiendo 'Familia, ocio y respiro'; Tareé Rosselló, en representación de los discapacitados auditivos, pidiendo «una educación sin barreras para sordos»; y Jaume Bagur, quien desde Down Menorca, clamó porque para la discapacidad, Les ajudes no faltin mai .
La consellera Fernández les contestó señalando que «desde el Parlament se asume que la atención a la discapacidad queda fuera de las tendencias políticas».