La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 10 años de cárcel para el exconseller de Turismo Francesc Buils y el exresponsable de finanzas de Unió Mallorquina Miquel Àngel Flaquer por desviar fondos públicos para beneficiar a empresarios que financiaron la campaña de UM en 2007.
En el escrito de acusación de la pieza número 10 del caso Voltor, Anticorrupción acusa a siete responsables políticos de UM en el Consell de Mallorca y el Govern y a tres empresarios de haberse puesto de acuerdo para financiar de forma encubierta el partido con fondos públicos.
Les acusa de fraude a la administración, prevaricación continuada, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo, delito de destrucción de documentos y de malversación de medios materiales de la administración.
Según la Fiscalía, los acusados que ocupaban cargos en la administración y en UM pidieron a los particulares una cooperación económica con el partido para la campaña de 2007, de manera oculta, «con el compromiso de una posterior retribución de fondos públicos cuando los solicitantes accedieran a otros puestos de responsabilidad».
El plan para retribuir a quienes financiaron los costes de la campaña electoral fue trazado por Buils, conseller de Turismo, y Flaquer como jefe de finanzas de UM y se llevó a cabo a través contrataciones «amañadas» del Instituto de Estrategia Turística (Inestur).
Según la Fiscalía, las órdenes de Buils y Flaquer de beneficiar al empresario de la comunicación Jacinto Farrús las cumplieron el director y el responsable económico del Inestur, Antonio Oliver y Álvaro Llompart, respectivamente, así como la jefa de área del CITTIB, Luisa Tortella.
Retribuían a los empresarios por los gastos electorales de UM que habían asumido y por los contratos a trabajadores que figuraban como empleados de las empresas pero en realidad estaban a disposición del partido.
Según la Fiscalía, lo hicieron con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública, en perjuicio del interés general, impidiendo la libre licitación y posible concurrencia de terceros, anticipando información confidencial y privilegiada sobre las contrataciones e incluso haciendo desaparecer propuestas de otras empresas.
Farrús y sus empresas fueron beneficiadas con proyectos de rutas artesanas, otro de turismo náutico, así como estudios comparativos de buenas prácticas en turismo para discapacitados, de congresos, enoturismo, actividades acuáticas.
Además Farrús contrató y pagó unos 86.000 euros en salarios a cuatro trabajadores que hacían labores para UM antes de las elecciones de 2007, que les eran encomendadas por el jefe de gabinete de la presidenta del Consell Maria Antònia Munar, Antoni Martorell, y el director insular de Proyectos, Mateo Cañellas.
Según la Fiscalía, tanto Martorell como Cañellas permitieron a estos trabajadores usar los despachos, teléfonos, ordenadores y medios del Consell en sus trabajos privados para UM aunque no tenían ninguna relación con la institución insular.
Por estos hechos, la Fiscalía pide 10 años de cárcel para Buils y para Flaquer, así como 7 años y 6 meses para Martorell y Cañellas, y 240.000 euros de multa para cada uno de los cuatro.
Además solicita 3 años y 3 meses de cárcel para Tortella y multa de 2.700 euros; para Oliver 2 años de prisión y 1.050 euros de multa y para Llompart 8 meses de cárcel.
En el caso de los empresarios, Anticorrupción reclama para Farrús 7 años y 6 meses de cárcel y 240.000 euros de multa; para Guillermo José Bongiovanni, 11 meses de prisión y para Andreu Canals, 2 años.
En los casos de Llompart, Bongiovanni y Oliver, la Fiscalía contempla la atenuante muy cualificada de confesión.
La Fiscalía reclama además el decomiso a UM de los más de 86.300 euros que Farrús abonó a los cuatro trabajadores.