Una representación de los 46 jóvenes encausados por ocupar la sede de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades el 22 de mayo de 2012, ha apelado hoy a la solidaridad con los protagonistas de aquel asalto y ha explicado que el Govern pide para ellos entre 4 y 6 meses de prisión.
Los portavoces de los encausados, Miquel Àngel Cloquell y Silvia Suau, han explicado hoy en declaraciones a los periodistas realizadas a las puertas de los juzgados de Via Alemania que la petición de pena formulada por la comunidad autónoma, que les denunció por alteración del orden público, es superior a la de la Fiscalía.
Para la mayoría de los procesados, la comunidad autónoma pide 4 meses de cárcel y una sanción económica.
«Hay otras siete personas para quienes piden medio año de prisión» además de una multa y otros 1.370 euros que tendrán que aportar antes del juicio en concepto de responsabilidad civil solidaria, por las sanciones a las que pudieran tener que hacer frente si son condenados, ha detallado Suau.
Los representantes de los encausados han acudido hoy a los juzgados para ratificar los nombres de los abogados y procuradores que les representarán en el juicio y han realizado un llamamiento a la solidaridad con estas personas que fueron «identificadas, multadas y criminalizadas durante una protesta», ha afirmado Cloquell, que ha pedido su absolución.
El portavoz de los denunciados ha recordado que la protesta en la Conselleria de Educación fue convocada por la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), contra el incremento de las tasas universitarias, la reducción de personal y de horas de docencia, la eliminación de los números clausus en la UIB y los ataques al catalán.
«Creemos que nos absolverán, es lo que toca porque no hicimos nada ilegal. Entramos en una dependencia pública a hacer una protesta y esperamos que el juez actúe», ha afirmado.
Cloquell ha asegurado que las medidas contra las que protestaban aquel día y a las que se siguen oponiendo «están menguando de forma acelerada la calidad de la formación» y ha abogado por «una educación de calidad en catalán».
Por su parte, Silvia Suau ha señalado que las personas denunciadas entraron en la Conselleria «de forma pacífica y ordenada y sufrieron, como constatan varias grabaciones, la violenta actuación de la jefe de gabinete del anterior conseller de Educación».
Ha asegurado que fueron denunciados por alteración del orden público «por reclamar sus derechos».
Suau ha defendido como «un deber imprescindible» de la sociedad, fortalecer «el movimiento contra los recortes en educación».
Ha asegurado que la convocatoria de una huelga indefinida de los docentes para el inicio de curso es el mejor ejemplo de dicho movimiento y ha manifestado su apoyo a la misma.
Suau ha expresado su rechazo a la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares la suspendió cautelarmente el viernes pasado. «El Govern a golpe de decretazo lo ha vuelto a implementar, una muestra más de su tiranía», ha asegurado.