El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado en el marco del caso Nóos que sea confirmado el requerimiento que el juez José Castro realizó el pasado mes de mayo al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, a quien instó a que en adelante se abstuviera de presentar cualquier documento o correo electrónico que implicasen «una intromisión en la esfera de la intimidad ajena», extendiendo al resto de partes esta «llamada de atención» que ya anteriormente había efectuado la Audiencia Provincial de Baleares.
Mediante un escrito, el representante del Ministerio Público pide así que se desestime el recurso de apelación interpuesto por Torres contra la anterior orden del juez, lo que se produce el mismo día en que el imputado ha presentado nuevos correos ante el instructor del caso Nóos, uno de los cuales fue remitido por la Reina Doña Sofía al duque de Palma, el 1 de marzo de 2003, para felicitarle por la puesta en marcha del Instituto.
A través del auto por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma requirió a Torres y a las demás partes no entregar más documentos de este tipo, el juez justificaba su petición en «la aspiración de que en su actuación profesional se atengan a los postulados de la buena fe procesal». A lo largo de la instrucción de esta causa, Torres ha ido aportando para su defensa numerosos emails con los que acreditar la participación de Urdangarin y su mujer en los hechos investigados, y atestiguar asimismo el conocimiento que de los mismos podía tener la Casa Real.
En un posterior auto, el juez negó un «espíritu censurador» en el marco de esta causa después de que el exsocio de Urdangarin recurriese la resolución por la que el magistrado acordó expulsar del procedimiento un correo de contenido sexual que aportó Torres para acreditar, por la fecha del mismo, la reunión que ambos mantuvieron en la Zarzuela con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
El instructor desestimaba así el recurso de Torres al aseverar que el encuentro en Zarzuela ya estaba «pretendidamente acreditado» en un email anterior, por lo que «no exigía» la aportación de más correspondencia que «nada tenía que ver con el evento y sí con otras cuestiones que pertenecían a la esfera de la intimidad», motivo por el que el instructor decidió no incorporar el correo en cuestión a la causa e instar a que no se entregasen más documentos de este tipo.
Una exclusión que, aclaraba el juez, no es consecuencia de «ningún espíritu censurador que en todos los años de convivencia procesal nunca se ha producido».
El propio Urdangarin salió en defensa de su derecho a la intimidad al impugnar el recurso interpuesto por su exsocio, recordando cómo la Audiencia Provincial emplazó a Castro a impedir el acceso a la causa de documentos cuyo contenido «pueda lesionar gratuitamente el derecho a la intimidad», y tildaba de «injustificadas, extemporáneas y maledicentes» algunas de las manifestaciones efectuadas recientemente por la defensa de Torres.
Sin embargo, mediante un escrito remitido al juez, la defensa de Torres aseveraba que «ni por asomo se ha infringido, ni se infringirá, el derecho a la intimidad de nadie, se llame como se llame, sea quien sea o quien se cree que es». Así, afirmó verse afectada por una «admonición infundada» e «injustísima», al no haber justificado el juez «qué secreto o aspecto de la intimidad de Urdangarin se ha visto atacado por algo que ni remotamente puede considerarse como tal».
ENTREGA DE EMAILS «COMO SI SE TRATARA DE UN SERIAL»
Por su parte, la defensa de Mario Sorribas, quien fuese apoderado de Aizoon y hombre de confianza de Urdangarin, recriminaba en otro escrito el «intento de practicar la maniobra de la confusión» por parte de Torres o, «lo que se dice en catalán, 'embolicar la troca'», si bien subraya que «la mayoría decaen por sí solas por inverosímiles».
En esta línea, ironizaba en torno a la entrega de emails por parte del exsocio de Urdangarin «por capítulos», como si se tratara «de un serial que tiene a medio país enganchado, y quien dice país dice medio mundo», al incidir en que «el avatar judicial de este asunto se sigue con pasión en Hispanoamérica, con lo que puede afirmarse que está haciendo más por la unidad cultural de los hispanoparlantes que muchas de las iniciativas costosísimas del Instituto Cervantes».