El exconseller balear de Turismo y expresidente de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal ha sido condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por malversación de fondos públicos por el Tribunal Supremo, que ha desestimado su recurso contra la condena de la Audiencia de Palma. Lea aquí la sentencia completa.
El Supremo confirma así la sentencia de la Audiencia, que consideró probado que Nadal ordenó pagar a un compañero de partido por un trabajo ficticio, por lo cual le impuso, por un delito de malversación en concurso con prevaricación administrativa, la citada pena.
Nadal entregó 13.000 euros al exconcejal de Turismo de Sóller Tomás Plomer a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur).
Recurso
El Supremo ha rechazado su recurso porque considera que incluso en la hipótesis de que la responsabilidad por el delito hubiera sido de otros, y no de Nadal, resulta increíble que él no supiera nada del asunto.
Por el contrario, el tribunal considera probado que los pagos a Plomer fueron debidos «a la iniciativa de Nadal que, por su posición en la administración balear, gozaba del poder necesario al efecto».
En el mismo proceso que Nadal también resultaron condenadas otras personas que intervinieron en los hechos: a un año y medio de cárcel por malversación tanto para el exgerente del Inestur, Antoni Oliver, como la directora de este organismo, Luisa Tortella.
A un año condena al beneficiario de la malversación, el citado Plomer; y a diez meses al exdirector general de Promoción Joan Sastre.
Nadal, que fue conseller de Turismo en el Govern del Pacto de Progreso, en el que UM formó coalición con PSOE y PSM, ya está condenado a dos años y siete meses por el llamado «caso Maquillaje».
El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia cuando considera probado que en 2008, cuando era el responsable del área de Turismo del Govern balear, Nadal prometió a su compañero de partido y concejal de Sóller Tomás Plomer que le compensaría por «actividades que había realizado» para UM con el fin de asegurarse su «fidelidad» política.
Para ello, según el fallo, ordenó a sus subordinados, y también correligionarios, Oliver y Sastre, que adjudicaran un contrato menor al concejal a través del Inestur para dar apariencia de legalidad a la contraprestación, instrucción que éstos trasladaron a la directora de este organismo, «que no puso reparo alguno».
El exconseller veló por que el procedimiento fraudulento se completara y ordenó a principios de 2009 que se abonaran 13.000 euros a Plomer por un trabajo de creación de contenidos para unas pantallas táctiles de información turística, una labor que el beneficiario jamás realizó.