Recuperar el medio ambiente es uno de los objetivos del Govern con la nueva ley de ordenación minera de Balears, de la cual la Conselleria d'Economia i Competitivitat ya ha presentado un primer borrador. Por este motivo, todas las canteras tendrán la obligación de restauración de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones desde la primera fase de explotación.
De acuerdo con el primer borrador presentado por el conseller Joaquín García, las fianzas se abonarán por fase de ejecución, pudiéndose recuperar cada una de ellas a partir de la restauración del terreno. Además, al actualizarse las fianzas -se introduce el volumen de la explotación para su cálculo- se encarecerá la cantidad que tendrán que pagar los explotadores de las canteras. Por este motivo, en la práctica, la nueva medida supondrá que en las grandes canteras, la restauración se produzca en paralelo a la extracción.
Actualmente, en Balears hay 124 canteras en activo y no se permitirá la caducidad de un permiso de una explotación antes de que se haya restaurado. En caso de incumplimiento se contemplan duras sanciones, como la expropiación.
Otra de las novedades del borrador, que el conseller quiere consensuar con la oposición y los agentes sociales y económicos, todas las explotaciones mineras de Balears estarán obligadas a obtener la declaración de impacto ambiental antes del 31 de diciembre de 2014 por parte de la Comissió Balear de Medi Ambient.
Interés ambiental
Asimismo, el borrador contempla atender solicitudes de explotación en zonas de relevancia ambiental con alto grado de excepcionalidad. Según indicó el director general d'Indústria i Energia, Jaime Ochogavía, así se contempla de acuerdo con la normativa europea. Así, sólo se podrán plantear cuando no haya otras alternativas y que el plan se tenga que ejecutar «por razones imperiosas de interés público de primer orden». Ochogavía insistió que en ese «improbable» supuesto los requisitos serán mucho mayores que en cualquier otro caso. Será necesario el procedimiento europeo de evaluación adecuada, la declaración favorable de Medi Ambient, un informe favorable del Consell de la Mineria y otro del municipio. Además tendrían que aplicarse medidas compensatorias.