El fiscal anticorrupción Juan Carrau, durante la lectura de su informe final en el juicio del caso Can Domenge, ha justificado las «graves» penas que solicita para la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar -seis años de prisión- así como para otros exaltos cargos que se sientan en el banquillo, en el hecho de que se valieron de su función pública para «atacar a la estructura democrática» y «prostituir las instituciones».
Durante una tajante intervención en la recta final de la vista oral, que en las últimas semanas ha juzgado la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge por parte del Consell a la promotora Sacresa, Carrau ha aseverado que «nos encontramos ante delitos de corrupción y no económicos» debido a que han supuesto «una traición y una deslealtad» a las instituciones y a los ciudadanos, además de haber quebrantado la confianza depositada por éstos en su gestión.
El representante del Ministerio Público ha justificado asimismo la importancia de llegar a acuerdos con los acusados, aseverando cómo la Fiscalía «conoce de sobra» la jurisprudencia del Tribunal Supremo para valorar la prueba relativa a la confesión de estos coimputados. «¿Supone ello una señal de rendición del Estado? No, todo lo contrario, no es ceder sino que significa que el Estado funciona».
En este sentido, aludiendo a numerosa doctrina al respecto, Carrau ha recalcado que la confesión de los hechos por parte de los inculpados, como en este caso el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja, «es una prueba legítima» y ha recalcado que pactar con ellos «es una demostración de la fortaleza del Estado».
En concreto, el Ministerio Público mantiene la petición de seis años de cárcel para la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM), mientras que ha rebajado de seis a cuatro años su solicitud para el exvicepresidente insular Miquel Nadal pese a que no ha reconocido para él la atenuante de confesión. Una circunstancia que sí pide que sea aplicada en el caso de Vicens y de Sanahúja.
Así, el fiscal ha rebajado de seis años a ocho meses de prisión su petición para Vicens y a un año para el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, mientras que ha reducido la solicitud de prisión de dos años a un año para Sanahúja, al tiempo que mantiene la inicial de 18 meses para el letrado externo de Sacresa, Santiago Fiol. En lo que a Núñez y Navarro se refiere, querellante y acusación particular en este proceso, ha retirado el delito de malversación de caudales públicos del que acusaba a los inculpados en el marco de esta causa.