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Can Domenge

Sacresa recibió informes del Consell un año antes del concurso de Can Domenge

Imagenn general del juicio por el caso Can Domenge. | Pere Bota

| Palma de Mallorca |

Sacresa tenía información interna del Consell Insular sobre la finca de Can Domenge hasta un año antes de que se convocara el concurso para vender la finca. Un técnico de la institución reconoció en la sesión de ayer del juicio un informe suyo entre la documentación intervenida en la sede de Sacresa. Se trataba de una información interna del Consell redactada en el 2001 en el que por primera vez se realizaba un estudio de la edificabilidad y posible valor del suelo de Can Domenge.

En el registro de la sede de Sacresa se encontró este escrito con membrete del Consell que había sido remitido por fax por el letrado Santiago Fiol con fecha 22 de diciembre de 2004, es decir más de un año antes de que se licitara el concurso y se publicaran las bases en el BOIB. En la sesión de ayer comparecieron varios testigos, tanto arquitectos como empresarios que participaron en otros proyectos que se presentaron para hacerse con el concurso.

Bases

Todos ellos coinciden en que no tuvieron acceso a las bases ni a información del concurso antes de que se publicaran, tesis que sostuvo el dueño de Sacresa, acusado en el juicio, Román Sanahuja.

Los testigos sí señalaron que se sabía que el Consell iba a vender la finca. Se había publicado y en los presupuestos de la institución había un ingreso previsto de 30 millones de euros por enajenación del suelo que no podía responder a otro concepto. De esta manera, coincidieron en afirmar que, aunque habían comenzado a buscar información no empezaron con el proyecto hasta enero de 2006. «Una cosa es estudiar y otra elaborar el proyecto», señaló una arquitecto que trabajó para el Grupo Fer, empresa que según Vicens iba a ser la adjudicataria.

Los testigos también coincidieron en señalar su extrañeza ante dos aspectos del concurso: el breve plazo dado para presentar el proyecto, de apenas quince días y el otro, que el precio estuviera fijado en 30 millones y que, a partir de esa cantidad, no valoraran mejoras económicas.

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