José Luis 'Pepote' Ballester, director general de Deportes en la última legislatura de Jaume Matas, ha manifestado que el expresidente «se puso las manos en la cabeza» tras conocer la superficie que le había quedado al Govern para la construcción del velódromo Palma Arena, tras haber sido segregado el terreno de Can Domenge para que pudiera ser ejecutada esta infraestructura en una parte y la otra ser vendida por el Consell de Mallorca para obtener financiación.
«¿Le dijo Matas algo así como que 'ya me la ha metido Munar'?, le ha preguntado el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en alusión a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, por haberse quedado esta última institución con un solar con una mayor superficie de edificabilidad que el Govern para la construcción del Palma Arena. «Sí, algo parecido me dijo», ha respondido.
Según ha explicado en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Can Domenge, cuando se segregó el solar en el que había quedado delimitada la parte correspondiente al Consell y la del Ejecutivo autonómico y se lo comunicó a Matas, en su despacho del Consolat de Mar -sede de la Presidencia del Govern-, «se puso las manos en la cabeza con expresión de alarma y de decir: 'oh, error'».
El testigo ha relatado cómo, previamente, Matas le había encargado buscar un terreno en el que construir el velódromo, tras lo cual se analizaron distintas superficies así como las dimensiones que se necesitaban para ello.
Así, entre las opciones barajadas se encontraba la de usar unos terrenos ubicados en la zona del polideportivo de San Fernando, cercano a Can Domenge, a la que se optó finalmente «por decisión de Matas», si bien este enclave pertenecía al Consell por lo que tenía que cederlo.
De este modo, ha recordado que Matas habló con Munar y la entonces alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, a fin de gestionar la cesión y alcanzar un acuerdo al respecto. Sin embargo, ha apuntado que la cesión «se retrasó mucho» a pesar de que la construcción del velódromo «tenía que ser inminente» -de cara al Mundial de Ciclismo de 2007-. En este sentido, ha señalado que las «trabas» que puso el Consell lo fueron a nivel administrativo, ya que el terreno tenía que segregarse y delimitar así la zona en la que se ubicaría el Palma Arena.
En este contexto, el fiscal le ha preguntado si, al darse cuenta de que una vez segregado el terreno quedaba otra parte anexa de mayor superficie que se quedó en manos del Consell, se lo hizo saber a Matas, ha explicado que sí, que lo comunicó a Matas en la reunión que ambos mantuvieron en el Consolat.
Se da la circunstancia de que, por otro lado, la construcción de la infraestructura deportiva está siendo investigada en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Palma Arena, centrado en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante las obras (2005-2007) y su conexión con el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas en esa última legislatura de gobierno.
Además, el caso abarca la financiación presuntamente irregular del PP balear y el desvío de fondos que se habría producido a través de los contratos con el Instituto Nóos.
El caso también abarca la financiación presuntamente irregular del PP balear y el desvío de fondos que se habría producido a través de los contratos con el Instituto Nóos. Precisamente, en ese complejo procedimiento judicial, dividido en un total de 27 piezas separadas, se encuentran imputados tanto Matas como Ballester, así como más de cincuenta encausados entre quienes hay otros numerosos exaltos cargos y empresarios.