El próximo miércoles se retomará el juicio por el caso Can Domenge en la Audiencia de Palma, con dos semanas de retraso después del aplazamiento decidido en la primera sesión de la vista a raíz del cambio de abogado de la principal encausada, la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar.
La Sección Segunda de la Audienca acordó el pasado día 6 dar tiempo para preparar la defensa al letrado de la líder histórica de Unió Mallorquina (UM), a la que ordenó mientras tanto comparecer dos días a la semana en el juzgado de paz de su pueblo, Costix.
El tribunal, que no concedió al abogado José Antonio Choclán un aplazamiento tan largo como solicitaba, señaló en un auto que el anuncio de Munar de que cambiaría de letrado dos días antes de que se iniciara el juicio el pasado 5 de junio fue una «maniobra dilatora» que evidenciaba «mala fe procesal».
Finalmente, el miércoles se retomará la vista oral con la resolución de posibles cuestiones previas y la declaración de los acusados en sesiones de mañana y tarde que la Audiencia prevé que se desarrollen en ocho jornadas hasta el 5 de julio.
Junto a Munar, los principales acusados son el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y los exconsellers de Territorio Bartomeu Vicens y de Economía Miquel Àngel Flaquer, así como el abogado de Sacresa Terrenos Promoción cuando ocurrieron los hechos, Santiago Fiol, y el dueño de la empresa, Roman Sanahuja, de varios delitos contra la administración pública.
El juicio abordará el plan presuntamente trazado por Munar, con el respaldo de Nadal, Vicens y Flaquer, para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge, hechos ocurridos entre 2005 y 2006.
La venta de este solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar para 600 viviendas, ubicado entre el camino de Jesús y la calle General Riera de Palma, se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 61 millones), impulsor de la querella que inició la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los políticos diseñaron un «traje a medida» para lograr sus fines y que el plan se trazó con total desprecio de las normas administrativas y legales, facilitando información confidencial privilegiada y con grave perjuicio del patrimonio público.
El ministerio público pide 6 años de cárcel para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, así como entre 8 y 10 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.
El 19 de mayo, Vicens entregó un escrito en la Audiencia de Palma confesando que Munar, Nadal y él se repartieron 1,8 millones de euros que les fueron entregados a cambio de amañar el concurso de Can Domenge.
Unos días después, el dueño de la promotora Sacresa, Román Sanahuja, confesó que pagó 4 millones de euros a cambio de que la empresa ganara el concurso.