El Gobierno prepara una ley de liberalización de servicios profesionales que anula la exclusividad de actividad en algunos sectores como los fronterizos entre arquitectos e ingenieros, o una mayor liberalización de la apertura de farmacias. Borradores y anteproyectos se suceden desde finales de 2012 al ritmo de las reuniones entre responsables del Ministerio de Economía y los colegios profesionales, pero parece que el texto final acelera porque la troika lo ha incluido en sus más recientes recomendaciones a Mariano Rajoy.
Joan Morey
Decano del Colegio de Arquitectos de Balears
«Los ingenieros no tienen formación de arquitectura»
El decano del Colegio de Arquitectos de Balears manifiesta su preocupación por cómo están evolucionando los acontecimientos con la futura Ley de Servicios Profesionales, «porque menosprecia la profesión de arquitecto y la reserva de actividad se extiende a los ingenieros. Esto no es lógico ni aceptable, de ahí que cuando esté redactado el anteproyecto mantendremos gestiones con las instituciones públicas y los partidos con representación parlamentaria para que se subsane este error».
Morey puntualiza en el hecho de «qué conocimientos tienen los ingenieros de arquitectura, por lo que no tienen que tener competencias para hacer edificios. La directiva europea 2005/36 es que regula las actividades profesionales, por lo que no entendemos muy bien a qué viene ahora la Ley de Servicios Profesionales que impulsa el Gobierno que preside Rajoy».
Alfredo Arias
Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Balears
«Arquitectura y edificación son cosas distintas»
«La controversia con los profesionales de la arquitectura nos es ajena, pues al fin y al cabo la futura ley, que es trasposición de Directivas de la Unión Europea, viene a restablecer lo que en España existía hasta 1999, que significa no reservar una actividad en exclusiva de edificación en razón de su uso. Ningún sentido tiene que un ingeniero se responsabilice de añadir dos ascensores a un edificio y no pueda tocar dos metros de fachada cuando tiene preparación para ello», explica Alfredo Arias, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Baleares, que representa a medio millar de profesionales en las Illes.
Según Arias, «ni nosotros queremos ser arquitectos ni ellos quieren ser ingenieros, pero es indiscutible que arquitectura y edificación son cuestiones distintas. Para nosotros la nueva ley no ha de significar beligerancia profesional sino ordenación y sentido común, en definitiva soluciones efectivas y garantía de trabajo realizado».
Antoni Real
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Balears
«No beneficia ni a los ciudadanos ni a la Sanidad»
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Balears, por su parte, se mostró optimista respecto al texto final de la ley a presentar por el Gobierno sobre servicios profesionales, «porque entendemos que recogerá nuestros informes en el sentido de que tal como estaba redactada para el sector, no beneficiaba ni a los ciudadanos, ni a la Sanidad ni a la Administración pública, que carecía de sentido en definitiva».
En el primer borrador de la ley, filtrado la pasada Navidad, cualquier particular podía ser propietario y titular de un establecimiento, y obligado tan solo a tener contratado a un licenciado en Farmacia.
«Desde el primer momento -señala Real- planeaba para nosotros que bajo la apariencia de una total liberalización se abría la puerta a un mercado dominado por grandes cadenas de distribución farmacéutica y quién sabe hasta qué punto participadas por laboratorios, y desde luego quedaba claro que no había monumento ni a la competencia real ni al aumento de empleo».