La Policía Nacional ha alertado en varias ocasiones a los fiscales anticorrupción de Balears Juan Carrau y Pedro Horrach, al fiscal antidroga, Adrián Salazar, y al juez instructor del 'caso Nóos, José Castro, de que estaban siendo objeto de investigaciones por parte de detectives 'free lance', es decir, que trabajan al margen del protocolo de actuaciones en tareas de vigilancia privada.
Según confirmaron fuentes judiciales, los especialistas de la policía ofrecieron a los fiscales y al juez desarrollar tareas de contravigilancia, con el objetivo de averiguar la identidad de las personas que habían contratado a los detectives. La propuesta fue rechazada.
Las agencias de detectives están obligadas a informar a la policía sobre las investigaciones que realizan, y tienen estrictamente prohibido realizar pesquisas sobre jueces y fiscales.
Legalidad
Por ello, los agentes informaron a Carrau, Horrach, Salazar y Castro que los detectives privados, al saltarse el protocolo, realizaban su tarea «por libre», al margen de la legalidad establecida.
Los fiscales y jueces mencionados fueron objeto de seguimiento y de un amplio y exhaustivo estudio de sus respectivas patrimonios en pleno desarrollo del 'caso Palma Arena'. Parte de los resultados obtenidos fueron publicados en diversos medios nacionales vinculados a la derecha más radical a lo largo de varios días.
Aunque se barajaron diversas hipótesis sobre la identidad de la, o las personas, que estaban detrás de esa investigación nunca se llegó a establecer de forma fehaciente. Eso sí, los documentos y datos publicados hicieron sospechar a los investigados de que el trabajo era obra de abogados expertos en asuntos mercantiles.
Hasta ahora, no se ha podido probar quien está detrás de las tareas de espionaje a jueces y fiscales en Balears, todos ellos, al frente de asuntos muy complejos, la mayoría de ellos, relacionados con causas relacionadas con la corrupción, como los casos 'Nóos', 'Scala', 'Can Domenge', entre otros.