Los centros educativos públicos y privados presentarán sus proyectos lingüísticos de acuerdo con el artículo 20 del decreto para el tratamiento integral de lenguas (TIL), haciendo caso omiso de las últimas instrucciones dictadas por la Conselleria d'Educació que restringen al máximo la libertad que daba este artículo.
Este artículo contempla la posibilidad de que «los centros que requieran una distribución horaria de lenguas diferente de la que establece el decreto, pueden aprobar otro proyecto de tratamiento de lenguas».
Lo cierto es que la Conselleria ha creado un problema mayúsculo al remitir a los inspectores una circular que los centros consideran que no les incumbe e, incluso, que son contrarias a derecho, que es la forma suave de catalogarlas de ilegales.
Los institutos públicos van a seguir trabajando en la planificación lingüística que se habían hecho una vez conocido el TIL, sin tener en cuenta las últimas instrucciones, dadas a conocer el lunes. El presidente de la Asociación de Directores de centros públicos de Secundaria de Mallorca, Antoni Quintana, reconocía ayer que «aunque las instrucciones han causado un gran impacto, no van dirigidas a los centros sino a los inspectores, por lo que nosotros vamos a seguir nuestro camino a partir del decreto». En cualquier caso, añadió que las primeras instrucciones aprobadas por Educació, en las que se especificaba qué debía hacer un centro si el consejo escolar no aprueba el nuevo modelo, «no son claras y hace casi diez días que pedimos una aclaración que aún no nos ha llegado», por lo que se está trabajando sin atender tampoco a éstas.
Desde los centros de Infantil y Primaria la postura es algo más tibia y se declaró que «estamos en pleno debate sobre cómo actuar, pero lo más probable es que al final cada colegio actúe como crea adecuado», explicó Jordi Escudero.
Para la patronal mayoritaria de los centros religiosos, Escola Catòlica, la postura a seguir es muy clara: «Las instrucciones tienen un valor normativo cero y además a nosotros no nos afectan, por lo que vamos a seguir adelante con los proyectos», para los que el 100% de los colegios se han acogido al artículo 20, explicó el asesor legal, Marc González. Pero éste fue más allá y aseveró que «estas instrucciones son contrarias a derecho, pues contradicen el artículo 20, que es lo mejor fundamentado del decreto». Si la Inspección determina que los proyectos son contrarios al decreto «presentaremos demandas por un posible delito de prevaricación, porque se estará imponiendo una instrucción que se sabe que es contraria a derecho», advirtió.