Filólogos del Institut d´Estudis Catalans, de la UIB y escritores de las Islas presentaron ayer el manifiesto ‘Llengua, educació i sensatesa: evitem resultats escolars i socials catastròfics' a través del cual convocan a «la sensatez de la sociedad balear» para que se oponga, «dentro de los límites estrictos de la legalidad», a la aplicación del decreto de tratamiento integral de lenguas (TIL) que el Govern quiere implantar, «contra el criterio de la Universitat», a partir del próximo curso y que supondrá el final de la inmersión lingüística.
El decano de la Facultat de Filosofia i Lletres, Nicolau Dols; el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, Joan Antoni Mesquida, y el presidente de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Isidor Marí, dieron a conocer este manifiesto, al que también se ha sumado escritores y profesores como Aina Moll, Biel Mesquida, Guillem Frontera, Gabriel Janer Manila, J. F. López Casasnovas, Enric Ribes, Josefina Salord, Marià Serra, Joan Veny o Josep Antoni Grimalt y que ahora puede subscribir cualquier ciudadano.
Advertencias
En el texto se declara, entre otras cosas, que: «No se puede ignorar que cerca del 90% de padres de Balears han dado apoyo al modelo educativo que se ha aplicado hasta ahora. No se pueden cambiar en semanas unos proyectos educativos largamente madurados y que daban resultados exitosos. No se puede embarcar todo un sistema educativo sobrecargado de responsabilidades en un experimento de resultados imprevisibles sin escuchar ninguna de las advertencias autorizadas que se han hecho oír públicamente con contundencia. No se puede poner en marcha un cambio que los mismos miembros del Consell Consultiu han indicado que tiene aspectos de dudosa legalidad, que no cuenta con los recursos económicos necesarios y que se quiere implantar de manera precipitada».
Los firmantes del manifiesto fueron contundentes al afirmar que el TIL «no tiene ningún tipo de justificación desde el punto de vista pedagógico» o que el nivel B2, que se exige para los docentes que deberán impartir materias en inglés, «es del todo insuficiente», ante lo que advirtieron de que «puede tener efectos devastadores».
Alertaron también de que «nunca antes había habido un Govern que se atreviera a romper el consenso» alcanzado en la sociedad balear a través del Estatut y la Llei de Normalització Lingüística. Por ello, auguraron conflictividad social, situaciones traumáticas tanto para los escolares como los docentes afectados y resultados académicos mucho peores que los actuales.
Por todo, y puesto que «no confiamos en que el Govern recapacite y retire el decreto», invocaron a la sensatez de la sociedad para que se oponga y, en concreto, de los padres y madres de los alumnos, a los que instaron a exigir explicaciones a la Conselleria y a reclamar directamente la enseñanza en catalán para sus hijos, «considerando también la impugnación de un decreto de legalidad dudosa».