La Federació d´Ensenyament de CCOO denunció ayer que la Conselleria d´Educació ha dictado unas nuevas instrucciones que limitan al máximo el modelo lingüístico de los centros que habían decidido acogerse al artículo 20 del decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que eran la mayoría. Según CCOO estas instrucciones «van más allá de lo que dispone en decreto», por lo que desde el sindicato se insta a los inspectores, docentes y directores «a que no colaboren en la realización de los nuevos proyectos».
El artículo 20 permitía, hasta ahora, que el centro pudiera aprobar un modelo lingüístico alternativo al del TIL, para lo que sólo necesitaba la consulta a las familias y conseguir el apoyo de 2/3 partes del claustro. Por eso, había sido considerado por los sectores más derechistas como una vía de escape para la insumisión y la no aplicación del trilingüismo.
Informe
Pues bien, alegando una falta de concreción del artículo 20, que no especifica qué tipo de materias deben impartirse en castellano y catalán, la Conselleria encargó un informe jurídico que, ahora, ha dado lugar a las nuevas instrucciones.
Este informe determina que un proyecto no se ajustaría al decreto si una vez determinadas, como mínimo, una materia no lingüística en cada una de les lenguas oficiales y en la lengua extranjera, establece que el resto de áreas se impartirán únicamente en catalán (que era lo que habían elegido hacer muchos centros), en castellano o lengua extranjera.
Por tanto, las instrucciones establecen ahora que una vez repartidas cinco horas lectivas en catalán, otras cinco en castellano y otras cinco en inglés, las diez horas lectivas restantes (de las 25 semanales) se deben repartir «de forma equilibrada entre las dos lenguas oficiales». Una distribución de la que nada dice el artículo 20.
El sindicato consideró ayer «abusivas y restrictivas» estas instrucciones que, además, obligarán a la práctica totalidad de centros a reelaborar los proyectos que ya han hecho o están haciendo.
La FE-CCOO recordó a la Conselleria d´Educació que «ninguna instrucción puede ir más allá de lo que dispone el propio Decreto 15/2013, como así lo hacen estas instrucciones», por lo que anunció la impugnación de las mismas.