La defensa del expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas ha alegado ante la Audiencia Provincial de Baleares la prescripción del delito de cohecho del que le acusa la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la contratación presuntamente irregular de su mujer, por parte de una cadena hotelera, como dádiva en favor del exdirigente del PP. Unos hechos por los que Matas irá al banquillo por segunda vez para ser juzgado por un tribunal del jurado.
En concreto, tanto el letrado de Matas, Miquel Arbona, como el fiscal Pedro Horrach han estado presentes este lunes en una vistilla de cuestiones previas celebrada a puerta cerrada y presidida por el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia, Juan Jiménez, quien próximamente deberá resolver mediante un auto acerca de los alegatos vertidos por la defensa del expresidente, a los que se ha opuesto el Ministerio Público, que no ha expuesto ninguna cuestión.
Además de la posible prescripción del delito de cohecho en el que habría incurrido el exlíder 'popular' en las islas, el letrado de Matas ha alegado haber visto vulnerados los derechos fundamentales de su patrocinado por no haber sido inquirido sobre estos hechos cuando fue interrogado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, al tiempo que ha cuestionado los testigos propuestos por la Fiscalía por no tener vinculación con estas pesquisas, según ha puesto de manifiesto.
Delito
En concreto, la Fiscalía acusa a Matas de ser autor de un delito de cohecho tipificado en el artículo 426 del anterior Código Penal (cuando el soborno mediare a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable), por el que solicita para él una pena de 900 euros de multa así como el comiso de los 42.111 euros cobrados por su esposa, Maite Areal.
Estos hechos se enmarcan en una de las 27 piezas separadas del caso Palma Arena, un fleco en el que los investigadores apuntan a que el propietario de la cadena hotelera Grupotel, Miquel Ramis, dio empleo a Areal como regalo en favor de Matas. Unos trabajos por los que su mujer habría cobrado 60.000 euros brutos durante 2007, pactados de forma verbal y sin la existencia de un contrato laboral de por medio.
Cabe recordar que dentro de esta pieza, el propietario de Grupotel admitió que en 2007 dio empleo a Areal a petición de Matas, recordando que ésta cobró por ello 60.000 euros brutos durante ese año. Y es que, según recordó, después de que el exjefe del Ejecutivo autonómico le solicitara un puesto para su mujer, se creó una plaza para ella como relaciones públicas por un año, aunque negó que se hiciese como un «regalo».
El empresario manifestó que Areal no tenía un horario determinado ni tampoco despacho en el hotel Valparaíso, pero defendió que la producción del establecimiento durante ese año se incrementó de forma notable respecto a otros periodos. Un hecho que, sin embargo, no atribuyó al trabajo desarrollado por la mujer de Matas, de quien apuntó que no controlaba si su trabajo era fructífero.
A nivel global, el caso Palma Arena investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el tren de vida llevado por Matas como máximo mandatario de la Comunidad balear. Dentro del mismo proceso se indaga la actividad supuestamente delictiva llevada a cabo por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, al frente del Instituto Nóos.