La Agencia Tributaria continúa sin comunicar al juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, si los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y su esposa la infanta Cristina, se han acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo y que si, por lo tanto, forman parte de los ciudadanos que han intentado regularizar dinero negro.
Ese ‘silencio' de Hacienda es interpretado por los investigadores como una prueba de que el yerno del Rey y su esposa no se han acogido a la amnistía fiscal.
En el mismo caso se encuentran el secretario de las Infantas Carlos García Revenga y los excontables del Instituto Nóos, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, cuñados del exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos Diego Torres.
El juez solicitó tener acceso a esa información a instancias de la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias. También incluía en esa petición de datos fiscales a Torres a y su mujer, Ana María Tejeiro. Hacienda comprobó que el matrimonio Torres-Tejeiro sí había utilizado ese mecanismo para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos por un importe de 160.000 euros. Los investigadores deben ahora determinar si ese dinero regularizado por Torres se encuentra en la cuenta en la que fueron localizados y bloqueados unos 900.000 euros, o si por el contrario se hallan en otra distinta
Prueba
Manos Limpias solicitaba como medio de prueba que la Agencia Tributaria acredite si Urdangarin, la Infanta, Torres y Tejeiro, se habían beneficiado de la amnistía fiscal «como personas físicas» así como por mediación de alguna de sus sociedades.
El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, había anunciado el pasado mes de febrero que los duques de Palma no se acogieron «en absoluto» a esa amnistía.
La Fiscalía imputó al duque de Palma y a su exsocio un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta, por haber defraudado 230.979 euros al declarar gastos supuestamente irreales e, incluso, de carácter personal como pueden ser servicios domésticos. También, Anticorrupción apoyó la investigación fiscal de Urdangarin que comprendiera sus declaraciones de la renta de los ejercicios 2003 a 2010. El yerno del Rey recurrió ante el juez y la Audiencia esa petición del fiscal Pedro Horrach alegando la extinción de la responsabilidad penal hasta 2005 por prescripción, pero en ambos casos el recurso fue desestimado.
Según los magistrados de la Sección Segunda, los mismos que resolverán el recurso contra la imputación de la infanta Cristina, aunque se haya extinguido por prescripción la responsabilidad penal derivada de una presunta comisión de un delito fiscal, «eso no impide aportar los datos a la causa y valorarlos a efectos distintos».