El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Juan Pedro Yllanes, en funciones de guardia, acordó ayer prisión elusible bajo fianza de 25.000 euros a cada uno de los dos empresarios de la UTE encargada de las obras de mantenimiento de las autovías de Mallorca.
J. P y F. S. disponen de tres días para constituir la caución y, además, deberán entregar el pasaporte, tal y cómo solicitaron los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas tras interrogarlos en presencia del juez.
Los delitos que se imputan a los dos empresarios, que durmieron dos noches en los calabozos de la Policía Nacional tras ser detenidos el pasado martes, son malversación de caudales públicos y falsedad documental.
También, fue detenida una tercera persona, empleado de Logística Urbana Ambiental SA -Urbient-, asistido por el abogado Agustín Aguiló, pero quedó en libertad tras comprobarse que no era responsable de los delitos que le imputaban.
Los dos empresarios, defendidos por los abogados Josep Zaforteza y Laureano Arquero, pasaron ayer por la tarde a disposición judicial, y ante el juez se limitaron a ratificarse de las exhaustivas declaraciones que habían realizado en la sede de la policía.
Investigación
Los fiscales investigan si los empresarios facturaron al Consell de Mallorca trabajos particulares realizados en domicilios de políticos de Unió Mallorquina. Según fuentes judiciales, el ministerio público dispone de múltiples indicios incriminatorios para sustentar las acusaciones, como facturas supuestamente adulteradas, partes de trabajos falsos y el testimonio de trabajadores de la UTE encargada de las labores de mantenimiento de las autovías.
Ambos imputados negaron rotundamente los hechos, según las fuentes consultadas, y atribuyeron a la venganza de un exjefe de mantenimiento, despedido en su momento, la génesis de la causa.
El caso sigue bajo secreto de las actuaciones decretado por el Juzgado de Instrucción 5, que también investiga el ‘caso Peaje'.