Los propietarios de canteras o quienes deseen poner en marcha una explotación de este tipo lo van a tener mucho más fácil a partir de ahora. El Govern ha presentado un anteproyecto de ley de ordenación minera de Balears donde permite la construcción de nuevas canteras en zonas protegidas, incluidas aquellas de especial relevancia ambiental, y además relaja las condiciones para poder legalizar numerosas instalaciones de este tipo que en estos momentos se encuentran en situación irregular.
Para conseguirlo, el Govern no ha dudado en modificar leyes básicas de protección ambiental, entre ellas la Ley de Espacios Naturales (LEN), de 1991 y uno de los emblemas de la protección territorial de las Islas, y la ley de conservación de espacios de relevancia ambiental, aprobada en el año 2005, es decir, ambas con gobiernos del PP.
En su disposición final, el texto modifica la LEN y elimina cualquier referencia al plan director de canteras, que es el que determina dónde pueden ubicarse estas instalaciones. De hecho, el documento queda en papel mojado. Se permite la apertura de nuevas canteras, en casos plenamente justificadas, pero la autorización ya no está vinculada al plan sectorial.
Legalizaciones
Pero otro apartado de especial interés de la ley es el relativo a la posibilidad de legalizar aquellas canteras que ya existen y que se encuentran en situación irregular. La disposición transitoria primera del anteproyecto da un año de plazo para que los titulares de explotaciones «donde haya discrepancias entre la autorización minera y los derechos mineros incluidos en la explotación realmente ejecutada» inicien el trámite de legalización.
Si los derechos mineros que se quieren «actualizar o regularizar» afectan a espacios de la red Natura 2000, de la LEN o de la ley de espacios de especial relevancia ambiental «no se han de considerar en ningún caso apertura de nueva cantera, sino que se ha de considerar un mero mantenimiento de la explotación existente».
El proceso para la legalización es complicado y debe incluir medidas correctoras para eliminar los efectos negativos. También se debe incluir un estudio de impacto ambiental, pero incluso en el caso de que de este sea desfavorable, «en circunstancias excepcionales y a instancias del promotor», el Consell de Govern puede autorizar la continuidad del plan, siempre que se establezcan las disposiciones europeas de protección.
Lo mismo sucede con los informes municipales: los ayuntamientos deben emitir un informe, pero si es desfavorable, la propuesta se eleva al Consell de Govern, que vuelve a tener la última palabra en la autorización de la cantera.