La Abogacía del Estado afirma que no procede la imputación de la infanta Cristina en el ‘caso Nóos', como lo pide el juez José Castro con la opinión en contra del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, porque no ha quedado acreditado «indicios de cooperación o de complicidad de ninguna otra persona» en la supuesta comisión de hasta tres delitos fiscales por parte de su marido, Iñaki Urdangarin.
En el escrito que firma la letrada jefe de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll, se afirma que no existe «un solo indicio incriminatorio respecto a Cristina Federica de Borbón y Grecia, más allá de ser titular del 50 % de la sociedad Aizoon. (El otro 50 % pertenece a su marido).
«Esta Abogacía del Estado se remite íntegramente al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, haciendo suyos los argumentos y consideraciones juríricas expuestas en el citado escrito», añade.
La letrada recuerda que la Abogacía del Estado se personó en la causa después de que la Agencia Tributaria descubriera indicios de la comisión de hasta tres delitos fiscales por parte de Urdangarin, uno correspondiente al Impuesto de Sociedades de 2007 de Nóos, y los otros dos, sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 2007 y 2008 de Iñaki Urdangarin.
Tras admitir que la adhesión al recurso del fiscal contra la imputación de la Infanta «viene limitada» única y exclusivamente a los delitos fiscales (en los demás supuestos ilícitos investigados en la causa la Administración General del Estado carece de la condición de perjudicada), la letrada enumera los motivos por los cuales se opone al auto del juez Castro.
Indicios
Señala que sólo uno de los catorce indicios de criminalidad que menciona el juez para imputar a la hija del Rey se refiere expresamente a los delitos contra la Hacienda Pública. Añade que «ni en el informe de 14 de enero de 2013 ni en los siete cedés que conforman el expediente tributario existe un solo indicio incriminatorio respecto a la infanta Cristina, y califica de «tributariamente irrelevante» que el contribuyente investigado (Iñaki Urdangarin) haya aportado rendimientos personales a una sociedad en la que participa su cónyuge.
Tampoco ve el Gobierno indicios delictivos por parte de la Infanta en torno a la presunta defraudación de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, habida cuenta de que la mujer de Urdangarin «sólo» ostentaba en esta entidad el cargo de vocal.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias emitió ayer un comunicado en el que afirma que no le sorprende la postura de la Abogacía del Estado de oponerse a la imputación, «dado que el fiscal como la propia Abogacía del Estado , son órganos que dependen de su superiores jerárquicos, y por consiguiente, se deben a las directrices de los mismos, mostrando en este caso su apoyo a la Institución Monárquica». Por otra parte, el juez del ‘caso Nóos' solicitó ayer a las acusaciones que se pronuncien sobre la solicitud de Manos Limpias de retirar el pasaporte a Urdangarin. El magistrado acordó, asimismo, no realizar una «vistilla» con el Ministerio Público y las partes personadas para decidir sobre este asunto, y les dio un plazo de diez días con el objetivo de que se pronuncien al respecto. Asimismo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mostró ayer su apoyo al fiscal Pedro Horrach en su decisión de recurrir la imputación de la Infant y opinó que no existe «ningún dato» en el proceso que permita citarla como imputada. Subrayó el «apoyo total» de todo el ministerio público, y el suyo en particular, hacia Horrach que, según dijo, está desarrollando una labor «extraordinaria» y ha seguido una línea «coherente y constante» en toda la instrucción de la causa.