El Parlament ha rechazado -con el voto en contra del PP y el apoyo de PSIB y MES- una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Govern a que abone a los trabajadores del sector público la parte de la paga extraordinaria que les corresponde por el tiempo que trabajaron durante el pasado año antes de la publicación del Real Decreto Ley 20/2012.
Durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales de la Cámara, el encargado de defender esta propuesta, el diputado de MES Nel Martí ha recordado que la Defensora del Pueblo emitió unas recomendaciones que recogen que la supresión de la paga extra de diciembre debe ser proporcional y se debe aplicar a partir del 15 de julio.
Así, ha considerado que la paga de diciembre «no se puede aplicar al tiempo trabajado, sino al tiempo trabajado desde la aplicación de la norma». De esta manera, ha opinado que «no se ajusta a derecho la supresión íntegra de la paga extra» puesto que debería tener en cuenta el periodo comprendido entre los días 1 junio y 14 de julio de 2012.
APROBADO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALAIOR
Asimismo, Martí ha hecho hincapié en que diversas instituciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento de Alaior, se han amparado en este argumento para pagar el 25 por ciento del sueldo a los funcionarios por el mes y medio trabajado.
En este mismo sentido se ha manifestado la socialista Lourdes Aguiló, quien ha defendido que los trabajadores públicos tienen derecho a la percepción de una parte de la paga extra.
No obstante, el 'popular' José María Camps ha justificado el voto en contra de su grupo y ha asegurado que los trabajadores no tienen derecho a la percepción de la paga extraordinaria puesto que «la norma que la recoge ha quedado suspendida».
Por ello, Martí se ha preguntado «¿qué pasará?» con la diputada y alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, quien sí decidió abonar la parte correspondiente a estos días. «Creo que el PP no lo debe tener tan claro cuando ella y otros cargos públicos han aplicado y hecho caso a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.
EL PP SE OPONE A SUPRIMIR LAS TASA JUDICIALES
Por otra parte, durante la Comisión también se han rechazado otras dos PNL registradas por los socialistas sobre las tasas judiciales y sobre los servicios especiales para los funcionarios interinos.
En relación a las tasas judiciales, la Cámara ha rechazado -con el voto en contra de 'populares'- instar al Gobierno central a adoptar urgentemente las medidas que sean necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados en el pago de las tasas judiciales, y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de éstas.
La diputada socialista Lourdes Aguiló ha lamentado que estas tasas afecten a los derechos de los ciudadanos y, especialmente, a las clases populares y medias, que ya no pueden «soportar» las políticas económicas del PP.
«OBJETIVO RECAUDADOR DESPROPORCIONADO»
La parlamentaria, que ha recordado que esta normativa ha sido «fuertemente contestada y rechazada» por los diferentes sectores afectados y la sociedad en general, ha considerado que la normativa es «inconstitucional» y tiene un objetivo recaudador «desproporcionado porque limita el acceso a la Justicia y a una tutela judicial efectiva».
Mientras, el parlamentario econacionalista ha lamentado que ahora las personas físicas vayan a tener que pagar las tasas que antes únicamente abonaban las jurídicas y ha considerado que solo con el turno de oficio no se garantiza un acceso igualitario.
Según ha dicho, estas tasas dejan a los ciudadanos en una situación de «indefensión». Además, ha criticado que el PP adopte esta medida para descongestionar los tribunales de Justicia con la excusa de «disuadir a quienes hacen un mal uso». «Si quieren descongestionarla que la doten de más medios o la modernicen», ha concluido.
El PP, por su parte, ha dicho que las tasas judiciales están presentes en «casi todos los países de nuestro entorno» y ha recordado que hace tres semanas se redujeron las tasas variables a personas físicas en un 80 por ciento, lo que ocasionó que la Defensora del Pueblo renunciase a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
«SITUACION DE PRIVILEGIO» DE GORNES
Finalmente, durante la Comisión también se ha rechazado instar al Govern a llevar a cabo las acciones necesarias para acabar con la situación de «privilegio» del conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, sobre el personal funcionario interino al servicio de la administraciones públicas.
Durante el debate, el PSIB ha explicado que, hasta el momento, los interinos en situación de servicios especiales que han pasado a ocupar un cargo público, «al finalizar su mandato han tenido que volver a buscarse la vida», algo que, según ha dicho, no se dará con Gornés.
«No se puede consentir, si él debe tener este derecho se debe reconocer a todo el mundo», ha dicho Aguiló sobre la situación de Gornés.
No obstante, el PP ha criticado que los socialistas «insistan tanto» sobre esta materia y ha opinado que lo que tienen es «una intencionalidad política y partidista para dañar la imagen» del conseller. «Si pensaban que este tema se tenía que resolver, ¿por qué no lo regularon cuando gobernaron?», se ha preguntado el diputado Fernando Rubio.