Los representantes de las empresas de rent a car, de envases y grandes superficies mostraron ayer al Govern su total oposición a la rebaja planteada por Vicepresidencia Económica en los nuevos impuestos medioambientales, que en principio tienen que entrar en vigor el próximo 1 de abril.
Todas las patronales, tras las diversas reuniones mantenidas con el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, así como con el director de la Agencia Tributaria de Balears (ATIB), Alberto Roibal, y el director general de Presupuestos y Financiación, Antoni Costa, coincidieron en señalar en que «acudiremos a la vía legal y recurriremos ante el Constitucional estos impuestos».
Costa, ante esta actitud, explicó que la implantación de nuevas figuras impositivas «es una medida dolorosa y un plato de mal gusto para el Govern, pero que tomamos ante la situación financiera tremendamente difícil con la que nos encontramos. El Govern debe resolver esta situación por interés general, ya que una reducción del déficit permitirá conseguir una financiación en mejores condiciones y que fluya el crédito. Sabíamos de antemano que habría una oposición frontal de las empresas y que se iban a recurrir los impuestos, por lo que no nos sorprende su anuncio. Nosotros vamos a cumplir nuestro objetivo de ingresos con estos nuevos impuestos».
Esta reforma tributaria, según Costa, «pretende garantizar los servicios públicos esenciales e intenta tener el mínimo impacto sobre el conjunto de la ciudadanía».
La primera reunión tuvo lugar por la mañana con las empresas de rent a car. Al finalizar la misma, las patronales Aevab y Baleval, pese a las ligeras mejoras introducidas en la aplicación del impuesto, afirmaron que «supondrá el colapso total y es inasumible para las pequeñas y medianas empresas. Mostramos nuestra decepción y pensamos que es una barbaridad que se llegue a aplicar, ya que arruinará a un sin fin de empresas».
La respuesta de este sector ha sido deslocalizar la sede de unas 150 empresas (el 80% del total) a la Península. Ramón Reus, presidente de Aevab, llegó a afirmar: «El Govern, con esta rebaja, no ha hecho más que poner una cortina de humo».
Grandes superficies
Por la tarde, fueron las empresas embotelladoras y las grandes superficies las que conocieron de primera mano las «rebajas» que el Govern les planteaba.
Pilar Carbonell (Restauración CAEB-Mallorca), el presidente de ANGED, Francisco García, y Josep Mayol (Asedas) explicaron, en relación con el impuesto sobre los envases, que su aplicación «hará perder competitividad a Balears, gravará el consumo y, en consecuencia, los principales perjudicados serán los ciudadanos de las Islas. El coste para una familia al año estará en torno a los 400 euros. Este impuesto no hace más que encarecer la vida en Balears y la subida del IVA habida en septiembre pasado, con este impuesto, es un chiste».
Las grandes superficies, representadas por ANGED y Asedas, también mostraron su rechazo a las modificaciones hechas por el equipo económico del Govern. «La rebaja del 30% es insuficiente, por lo que tras dos meses de negociaciones, el resultado final es inaceptable, de ahí que recurriemos el impuesto ante el Constitucional. No vamos a asumir el impacto económico, por lo que lo tendremos que repercutir a todos nuestros clientes, con el consiguiente efecto económico en el bolsillo de los clientes. Ahora queda cuantificar su impacto laboral en las empresas».