El vicepresidente económico Josep Ignasi Aguiló, y el director de la Agencia Tributaria de les Illes Balears, Alberto Roibal, vivieron ayer en la Conselleria de Vicepresidencia Económica una nueva reunión de protesta de las patronales contra la nueva política impositiva del Ejecutivo autonómico. En esta ocasión, los representantes de las industrias de alimentación, bebidas, distribución y del sector del reciclaje les mostraron «su total rechazo» al impuesto para los envases establecido por el Govern, por considerar que la medida solo tiene un fin «recaudatorio y es, además, inconstitucional».
Los representantes de las patronales FIAB, ANGED, ASEDAS, ACES, CEC, Ecovídrio, Ecoembes y de la PIMEM les transmitieron su total desacuerdo, ya que dicho canon «sólo persigue incrementar la recaudación con un nuevo gravamen a los envases de bebidas. Consideramos que el establecimiento de un canon con supuestos fines ecológicos, como el que se está valorando, supondría una doble carga tributaria sobre la misma base imponible».
Críticas al Govern
«Lo único que van a conseguir con esta tasa es perjudicar aún más a las familias en Balears, que tendrán que soportar un coste adicional medio de unos 100 € sólo por el consumo de agua embotellada (ver gráfico adjunto)», según afirmó el representante de ACES, Aurelio del Pino, tras finalizar el encuentro.
Antonio Barrón, de Ecoembes, puntualizó que «las empresas han tenido que asumir en un corto plazo de tiempo la subida del IVA y de otros impuestos locales, con lo que es imposible que puedan también dejar de repercutir este sobrecoste en el consumidor».
Asimismo, apuntó que «hemos visto que el Govern da por cerrado el tema y que con lo que recaude no habrá destino finalista, sino que irá a la caja única de las arcas autonómicas, por ello se trata de una medida pura y simplemente recaudatoria que va a discriminar a los ciudadanos de las Islas».
En esto sentido, todas las patronales resaltan el impacto negativo sobre sobre la economía balear, «porque discrimina al consumidor local frente al de otras zonas del país, por lo que el interés turístico de las Islas se puede ver afectado. Además, afectaría especialmente a los 4.000 establecimientos locales de comercio de alimentación, y a cerca de sus 15.000 empleos».
A este respecto, la industria balear de alimentación y bebidas, englobada en la patronal FIAB, criticó ayer duramente al Govern, de ahí que su representante Paloma Sánchez afirmara: «Esperamos que el Govern reflexione sobre este proyecto, ya que si no se plantea dar marcha atrás las empresas instaladas en Balears pueden plantearse su viabilidad y su futuro aquí».