El caso de la farmacia del president Bauzá y de su posible incompatibilidad para ocupar el cargo, una incompatibilidad negada en un informe aprobado el viernes por el Govern, se dirimirá en los tribunales. Tanto Pilar Costa (PSIB) como Fina Santiago (PSM-Iniciativaverds-Entesa) dijeron ayer en el Parlament que presentarán un recurso. Seguirán la 'hoja de ruta' que hace unos años, concretamente en 2001, marcó el PP cuando logró que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) anulará un acuerdo similar del Govern del Pacte que no consideró incompatible que la socialista Aina Salom fuera consellera y titular de una farmacia.
El PSIB llevó ayer al Parlament una moción por la que pretendía que esa sentencia se aplicara al president Bauzá y que fuera el propio Govern quien le apartara del cargo.
Un circo
Fue Pilar Costa quien defendió la propuesta. La mayoría absoluta del PP (además del voto del diputado no adscrito Antoni Pastor) tumbaron esa moción que sí tuvo el apoyo del PSM-Iniciativaverds-Entesa.
«Bauzá no es inmune a la legalidad ni a la Justicia, Bauzá ha de dejar el cargo, eso fue lo que pidió el PP en su momento», dijo Costa quien reprochó al Ejecutivo que únicamente hubieran tenido referencias del acuerdo tomado por el Govern a través de los medios de comunicación.
Durante el debate, Fina Santiago exhibió una factura de la farmacia de Bauzá en la que aparece el NIF de la farmacia del president, que es el mismo que su DNI. Santiago y Costa entienden que la farmacia de Bauzá es una fuente de ingresos para el president. Y anunció que se van a mostrar «vigilantes» a una información que llegará en los próximos días: cuánto dinero ha facturado la farmacia de Bauzá al IB-Salut.
Mabel Cabrer (PP) acusó a la oposición de montar «un circo mediático» con este asunto. Añadió que la propuesta del PSIB es «una ilegalidad» y que no se puede aplicar a cualquier persona una condena que va dirigida a un particular (en este caso la exconsellera Aina Salom).
Cabrer, como hace en todos los plenos, afirmó que el PSIB aún no ha dado explicaciones sobre un hecho «más grave», que es la contratación, por Cort en la pasada legislatura, de una empresa de la pareja de la portavoz socialista, Francina Armengol.