El Parlament balear dio ayer el primer paso que permitirá cambiar la legislación actual para que pueda importarse a Mallorca un tipo de residuo sólido urbano, pretratado y compactado, que pueda ser incinerado en la planta de Son Reus.
La incineración de este tipo de residuo, que la oposición y los ecologistas llaman basura y el PP ‘combustible', no estaba previsto en el plan director de residuos. Tampoco la legislación actual prevé su transporte como si se tratara de cualquier otra mercancía.
El proceso se activó ayer con la incorporación de una enmienda a un proyecto de ley del Govern, concretamente a uno de medidas urgentes para activar el mundo empresarial.
PSIB y PSM entienden que se introduce «de tapadillo» una enmienda que no tiene que ver con el texto inicial. La ley tiene que votarse todavía en el pleno.
Hasta 2041
Los socialista también ‘moverán ficha' en el próximo pleno del Consell de Mallorca. Jaume Garau y Antoni Alemany anunciaron presentarán una iniciativa en la que solicitan detener cualquier negociación «ante la alarma social creada» y que promoverán un expediente para rescatar la concesión de la empresa que gestiona la incineradora, Tirme, y convocar un nuevo concurso.
Tirme tiene la concesión hasta el año 2041 tras un acuerdo que tomaron PP y UM a pocas semana de las elecciones de 2003.
Catalina Soler, consellera insular de Medi Ambiente, dijo que el rescate no tiene «ninguna viabilidad». Además recordó los costes que supondría y calculó que harían falta mil millones. «No bastaría todo el dinero del Consell», dijo.