El administrador concursal y abogado imputado por un supuesto chantaje al propietario de una empresa de fontanería y aire acondicionado, J. S., ha contraatacado en los tribunales al denunciar al empresario por fraude en la gestión de su negocio.
La denuncia fue tramitada de manera pararela a la presentada por el empresario en la Jefatura de la Policía Nacional y que ahora instruye el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma.
El administrador concursal, que ya ha dimitido del cargo, denunció falsedad en documentos, irregularidades fiscales y la existencia de facturas falsas, según confirmó a este diario su abogado, Fernando Mateas. El caso lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Catany.
La denuncia de la empresa de climatización se hizo extensiva, también, a dos empleados, que junto al administrador concursal, fueron grabados en el centro de trabajo cuando exigían, al parecer, 300.000 euros para que el proceso concursal fuese 'favorable' a sus máximos responsables.
Artilugio
El letrado de J. S. explicó que la grabación realizada a su cliente fue obtenida de manera ilegal, ya que se hizo desde un artilugio montado en el aire acondicionado de la oficina.
Explicó que su cliente no estaba presente en la oficina, aunque se escucha su voz desde una centralita 'manos libres' empleada por los dos trabajadores. «Por ello, he impugado esa grabación», dijo el letrado, quien insistió en que su cliente «nunca solicitó dinero al empresario».
«De la conversación se puede colegir que mi cliente estaba enterado de las exigencias económicas de los empleados, pero nada más», precisó Mateas.
Los letrados de la acusación, en cambio, sostienen todo lo contrario y afirman que de ese diálogo telefónico se puede deducir que el administrador judicial estaba al tanto de todo, por ello, fue incluido en la denuncia. Los dos trabajadores denunciados habrían decidido exigir dinero a sus jefes como represalia por dejarlos «en la calle» tras instar el proceso concursal en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Palma. La defensa del administrador concursal ha solicitado el archivo de la causa con respecto a su cliente, pero el juez denegó esa petición.
Documentación
J. S. ha declarado ante los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y el juez para relatar las irregularidades contables que, según él, pudo apreciar al tener acceso a toda la documentación de la empresa con sede en la Gran Vía Asima. Su abogado insiste en que la grabación entregada al juez con la voz de su cliente no es válida, ya que fue obtenida de manera ilegal.
La decisión que adopte el juez Penalva sobre la validez de la conversación telefónica aportada por el denunciante será clave para el desenlace del asunto, según los abogados.
El magistrado tiene en su poder dos grabaciones: una de ellas fue obtenida a través de un teléfono móvil que 'caza', presuntamente, a los dos empleados exigiéndole los 300.000 euros, y la otra reproduce la voz del administrador concursal dialogando con los dos trabajadores sobre el dinero solicitado al propietario de la empresa.