Los municipios de la Part Forana han construido un total de 672 equipamientos culturales, deportivos, sociales y administrativos que ahora tienen la obligación de mantener, a pesar de que en muchas ocasiones no tienen dinero para ello.
En los últimos 15 años, el Consell y los distintos ayuntamientos de Mallorca han invertido más de 300 millones de euros, que han dejado la Isla sembrada de equipamientos. Ningún municipio ha escapado al afán inversor en equipamientos, en una fiebre provocada en muchos casos por la competencia directa con el pueblo vecino.
La realidad es que en Mallorca hay en estos momentos 297 instalaciones deportivas de todo tipo, un total de 253 equipamientos culturales y 85 centros asistenciales. A ello se suman tanatorios, parques de bomberos, viviendas municipales y edificios administrativos de todo tipo que suma la cifra de 1.047 oficinas y equipamientos cuyo mantenimiento hay que pagar con las mermadas cuentas municipales.
Petición de ayuda
La situación es tan complicada que la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) incluso ha pedido al Consell que modifique el Plan de Obras y Servicios para poder subvencionar el coste de mantenimiento de las instalaciones. La petición se formalizó el año pasado para que el Plan de este año ya introdujera modificaciones pero la situación económica es tan complicada que es más que probable que este año no salga la convocatoria del POS para el año que viene: tampoco el Consell tiene dinero y además el Ministerio no aclara si financiará la parte de las obras que le corresponde.
El presidente de la FELIB, Joan Albertí, alcalde de Fornalutx, explica que los municipios ya no tienen más capacidad para hacer nuevas inversiones. La mayor parte de las obras están pagadas, aunque algunas quedan pendientes, pero a la espera de que la situación económica remonte los alcaldes no se arriesgan a realizar inversiones que supongan gastos plurianuales. «Ya no pedimos ayuda para hacer inversiones, sino para hacer reformas y mantener las que ya tenemos construidas», asegura.
Y eso que Fornalutx es uno de los municipios donde menos caló la fiebre inversora debido a su escasa población y recursos económicos. No sucedió lo mismo en otros municipios, como en Calvià, donde hay censados 55 equipamientos culturales, deportivos y sociales. El Ajuntament busca ahora la fórmula para tratar de abaratar el coste de mantenimiento. Un portavoz del alcalde, Manuel Onieva, explica que en los meses de verano se han cerrado tres piscinas cubiertas para ahorrar gastos. También se prepara el proceso inverso a la externalización de servicios, es decir, que sea el propio Ajuntament quien asuma el mantenimiento de estas instalaciones. También se va a modificar la gestión de la pista de atletismo para ahorrar 36.000 euros.
El caso de sa Pobla
La situación de Calvià es complicada pero asumible. En sa Pobla, la realidad es peor. Su alcalde, Gabriel Serra, asegura que el mantenimiento de la piscina cubierta genera un déficit anual de 150.000 euros. Fue la primera que se construyó en la zona norte de la isla, pero tras ella llegaron las de otros tres municipios colindantes. «Se hicieron las cosas sin planificación y ahora nos encontramos con una situación muy delicada», señala.
En sa Pobla, el 70 por ciento del gasto corriente se va en el mantenimiento de todos los equipamientos construidos durante estos años.
En otros municipios más pequeños, como Campanet, el problema está en pagar el coste del centro de día y de la escoleta. Joan Amengual, su alcalde, dice que el problema está en que el Govern no paga el dinero que estipula el convenio. Sin estas cantidades, el Ajuntament no puede seguir asumiendo el déficit de estos equipamientos. «Es normal que algunos servicios sociales sean deficitarios –dice–, pero si el Govern no paga, el Ajuntament no pude seguir prestando un servicio que no le corresponde».
Pequeños
La crisis también afecta a los municipios pequeños. El de Costitx, con unos equipamientos básicos, la ha sorteado más o menos cediendo instalaciones, pero no prestando directamente los servicios. Como ejemplo, su alcalde, Antoni Salas, explica que el Ajuntament cede el local de la escoleta, pero los padres han constituido una cooperativa que asume el gasto general de prestar un servicio que no le corresponde al municipio. Costitx calcula que sólo entre el 7 y 8 por ciento de su presupuesto se va en las llamadas competencias impropias.
Se trata de un caso excepcional ya que los municipios gastan entre el 30 y el 45 por ciento de su dinero en ofrecer servicios que no le corresponden. El alcalde de Inca, Rafael Torres, no ha hecho el cálculo de cuánto dinero se va donde no debería irse, pero sabe que entre la escoleta, la residencia de ancianos y la escuela de música se queda 1,5 millones del presupuesto total. «Hay que evitar duplicidades de competencias para frenar este gasto desmesurado», asegura.
El alcalde de Manacor, Antoni Pastor, asegura que, de momento, no tiene problemas para hacer frente a los gastos de mantenimiento de sus instalaciones, pero también reconoce que ni este año ni el que viene habrá nuevas inversiones en el municipio para no tener que subir impuestos.