Tras el breve parón de la actividad judicial durante el periodo estival y con la vista puesta en las numerosos causas de corrupción que continúan en marcha en Baleares, principalmente en lo que al caso Nóos se refiere, el nuevo año judicial arrancará con la previsible citación del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, en el marco de las pesquisas en torno a la entidad que presidió Iñaki Urdangarin, así como con el segundo juicio del caso Palma Arena, entre otras tantas citas por corrupción política.
Y es que después de que el pasado 14 de mayo fuese suspendida la comparecencia de González Pons en calidad de testigo por problemas de agenda, está previsto que el exconseller de la Generalitat Valenciana vuelva a ser emplazado a declarar el próximo mes, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press, que han precisado que por el momento el juez instructor no ha fijado la nueva fecha para el interrogatorio del dirigente 'popular'.
El motivo, arrojar luz en torno a la actuación que llevó a cabo al frente de la empresa que presidía -la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana- cuando en diciembre de 2005 firmó, por seis millones de euros, un convenio con Nóos para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos. Una iniciativa que, pese a los 382.203 euros que acabó percibiendo el Instituto, nunca llegaría a celebrarse.
Mientras tanto, los investigadores se están planteando la posibilidad de citar de nuevo al Duque de Palma así como a su exsocio Diego Torres -quien el pasado mes de febrero se acogió a su derecho de no declarar-, lo que se materializaría en caso de que el informe encargado a la Agencia Tributaria y la respuesta de las tres comisiones rogatorias libradas a Andorra, Luxemburgo y Suiza arrojen nuevos datos en torno a la actividad supuestamente delictiva llevada a cabo a través de Nóos.
Por su parte, el 3 de septiembre están citados el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla y de la exconsellera de Cultura y Deporte Trinidad Miró, en calidad de testigos, para ser interrogados en torno a la comida que en 2008 mantuvieron con Urdangarin, quien en ella ofreció diversos servicios por la organización de unos Juegos Europeos de la Juventud, y que presuntamente fue sufragada con fondos del gobierno valenciano.
Ya en relación con los juicios previstos, pero sin salir del caso Palma Arena, el 30 de octubre arrancará la segunda vista oral de este complejo proceso judicial, dividido en un total de 26 piezas, de las cuales hasta el momento únicamente ha sido juzgada una. En ella, la Audiencia Provincial condenó al expresidente del Govern Jaume Matas a seis años de cárcel y nueve de inhabilitación por los pagos irregulares al periodista que redactaba sus discursos.
En esta ocasión, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente del consorcio para la construcción del velódromo Palma Arena, Jorge Moisés, y la exsecretaria general técnica de Vicepresidencia Jane King, en el marco de un fleco centrado en la concesión de un contrato menor de 12.000 euros por un estudio del que no existe constancia. Dentro de estas investigaciones fue archivada las imputación del exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester.
La Fiscalía solicita para Moisés cuatro años y medio de prisión para Moisés y uno y medio para King, a quienes acusa de haber incurrido en presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Según los investigadores, Moisés, con la mediación de King, fue beneficiario de un contrato directo por la elaboración de un estudio para la supresión de barreras arquitectónicas que nunca se llevó a cabo.
Matas, ante el juez el 3 de septiembre
Mientras tanto, Matas tendrá una nueva cita con el instructor del caso Palma Arena, el día 3 de septiembre, cuando ha sido convocado en el marco de la pieza que apunta a que el propietario de la cadena hotelera Grupotel, Miquel Ramis, dio empleo a la esposa del exministro, Maite Areal, como «dádiva» en favor del exdirigente del PP. Unos trabajos por los que Areal habría cobrado 60.000 euros brutos durante 2007, pactados de forma verbal y sin la existencia de un contrato laboral de por medio.
Ese día, las partes están citadas para exponer sus alegaciones de cara a la continuación del proceso por los trámites del tribunal del jurado, que será el encargado de enjuiciar los hechos por ser constitutivos de un presunto delito de cohecho -uno de los ilícitos penales competencia del jurado popular-.
Segundo juicio del Caso Voltor
Ya en otro orden de cosas, esa misma jornada está previsto que dé comienzo el segundo juicio del conocido como caso Voltor, que investiga un presunto desvío de fondos del Govern a empresas controladas por la extinta Unió Mallorquina (UM) durante la pasada legislatura. Del mismo modo, será la segunda vista oral en la que el exvicepresidente del Consell de Mallorca y expresidente de UM Miquel Nadal se vea las caras con un tribunal, acusado de gratificar con 13.000 euros públicos a un exconcejal de Sóller.
Se trata de unos hechos por los que el exdirigente regionalista se enfrenta a una petición de cuatro años y cuatro meses de cárcel, que en caso de ser condenado no serían los primeros en su haber puesto que en el marco de otra causa, el caso Maquillaje, ya le fueron impuestos dos años y siete meses de prisión junto a la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar, quien por su parte fue condenada a cinco años y medio de privación de libertad.
Finalmente, en materia de corrupción económica destaca la comparecencia del conocido empresario y fundador de Nueva Rumasa José María Ruiz-Mateos, para quien una jueza de Palma ordenó su busca y detención para garantizar su presencia el próximo 23 de agosto, cuando será interrogado, en calidad de imputado, en torno a una presunta estafa de 13,9 millones de euros en la compraventa de un complejo hotelero de Mallorca.