Desde que asumió el poder a mediados del año pasado, a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, no le ha quedado más remedio que endeudarse en 7.638 euros cada hora que pasa para hacer frente a los pagos diarios de la institución. Esos 7.638 euros por hora suman ya 55 millones, endeudamiento concertado a través de préstamos que se han tenido que ir ampliando, por valor de 28, 17 y 10 millones de euros.
Todos estos préstamos, esos más de 7.000 euros cada hora, se han tenido que concertar para poder pagar el dinero atrasado a los proveedores. El Consell no dispone de este dinero porque el Govern no cumple con sus obligaciones con la institución insular. El departamento económico del Govern se ha comprometido en los Presupuestos a abonar 190 millones de euros al año a la institución insular, lo que significa una desembolso mensual superior a los 15,8 millones.
No llegan
La realidad, sin embargo, es que ese dinero no llega. Una parte sí, pero no el montante total y esta circunstancia es la que ha llevado al Consell a tener que recurrir al sucesivo endeudamiento para poder hacer frente a los pagos mensuales que tiene con sus proveedores.
La realidad financiera de la institución comienza a ser delicada porque el Consell de Mallorca ya ha llegado al límite máximo de endeudamiento que le permite la ley, esos 55 millones de euros que ya ha concertado y cuya cifra ya no puede incrementarse.
Negociación
Esta delicada situación financiera ha hecho que la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, haya iniciado conversaciones con el president del Govern, José Ramón Bauzá, para que la Administración autonómica no sólo comience a ser puntual en los pagos, sino que además abone todo el dinero que tenía que haber pagado estos meses, pero que en realidad no llega a las arcas de la institución insular.
Por el momento, y gracias al endeudamiento, el Consell ha podido funcionar con relativa normalidad, pero la situación ya empieza a ser complicado, por lo que la institución insular confía en que el plan de ajustes aprobado por el Govern le permita racionalizar sus cuentas y empezar a abonar sus deudas a la institución. Con el plan de ajuste aprobado por el Gobierno central, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá tendrá acceso a la financiación ICO para formalizar el pago de más de 700 millones de euros que debe a sus proveedores.