Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters, abogados de Iñaki Urdangarin y Diego Torres respectivamente, buscan un pacto con la Fiscalía Anticorrupción de Palma en el cual, básicamente, sus clientes estarían dispuestos a devolver al Govern de Balears y a la Generalitat de Valencia el dinero que se habría malversado.
Como contrapartida, el duque de Palma y Torres aceptarían sendas penas de sólo dos años de cárcel, con lo que se evitaría el ingreso en la prisión.
Según una fuente cercana al abogado Manuel González Peeters, éste y el letrado catalán que defiende los intereses de Urdangarin habrían llegado a un acuerdo entre ellos, como paso previo a buscar de forma conjunta un pacto con la Fiscalía Anticorrupción de Palma.
No es oficial
En cualquier caso, desde la Fiscalía no se ha confirmado la noticia, aunque tampoco se ha desmentido.
Una fuente autorizada se ha limitado a señalar a este periódico que «oficialmente no hay nada. En el caso de que los dos abogados quieran hacernos llegar alguna propuesta tienen todo el derecho de hacerlo. Por nuestra parte les escucharemos, pero ahora mismo no hay nada oficial».
En el posible pacto que se plantearían proponer los dos abogados, y con respecto a la devolución del dinero, uno de los letrados ha comentado que la cantidad que se tendría que reingresar a las arcas de Balears y Valencia ronda los tres millones de euros, «puesto que de los casi seis millones, que es la cifra que se baraja en la investigación por los gastos en los dos eventos en Palma, y otros dos en Valencia, hay que descontar los pagos confirmados mediante facturas».
Un dato a tener en cuenta es el de que, en el supuesto caso de que se alcanzara este pacto, el juicio tiene que celebrarse en la Audiencia de Palmaporque hay más imputados en la causa. Entre ellos el ex president Jaume Matas. También, hay que tener en cuenta las opiniones al respecto de la abogacía de la CAIB y del sindicato Manos Limpias, ambos personados en la causa.
También, se ha comentado que el pacto sería beneficioso para los miembros de la Casa Real, en el sentido de que se evitaría en parte lo que se considera como una ‘sangría informativa'.