El juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Palma por el presunto desvío de 700.000 euros a través de la empresa pública Bitel prevé quedar visto para sentencia este lunes, jornada en la que tendrá lugar la fase de prueba documental que queda pendiente, las conclusiones y los informes finales.
Junto a Vidal, para quien la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan 14 años de cárcel, también se sientan en el banquillo el exjefe financiero de Bitel Miquel Simonet; el exsecretario de esta empresa pública , Sebastián Romaguera; el ingeniero informático Iván Guardia; el ingeniero y exdirigente de Nuevas Generaciones del PP e ingeniero Ramón de la Iglesia, quienes han reconocido su participación en los hechos enjuiciados, mientras que Vidal se acogió a su derecho de no declarar.
En concreto, el Ministerio Público postula que los inculpados habrían incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, defraudación, falsedad documental y revelación de secretos en torno a la gestión de la entidad Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel). Así, solicita una multa de 5.400 euros para Romaguera; un año y ocho meses de prisión para Guardia y De la Iglesia, y dos años para Simonet.
Se da la circunstancia de que Vidal, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.
En su escrito de calificación, la Fiscalía asevera que el principal acusado de este caso utilizó varios mecanismos para hacerse con el dinero público, entre ellos haciendo uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado, realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia, adjudicando contratos a una empresa de su propiedad y cobrando comisiones por contratos, que ascenderían a unos 30.000 euros.
Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.