La coalición PSM-IV-ExM ha presentado hoy ante el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma una instancia que argumenta la necesidad de recurrir la sentencia que revoca la protección patrimonial del edificio de Gesa al descatalogarlo.
Los nacionalistas han instado a las dos instituciones, en su condición de codemandados, a interponer un recurso de apelación «para defender los valores patrimoniales objetivos demostrados por los técnicos del Consell de Mallorca, el Colegio de Arquitectos y la Universidad de Islas Baleares».
El portavoz del PSM-IV-ExM del Consell de Mallorca, Joan Font, y el del grupo municipal, Antoni Verger, han presentado esta instancia para argumentar la necesidad de recurrir la sentencia número 68/2012 dictada por el juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma, que elimina la catalogación del edificio de Gesa.
«El valor patrimonial del edificio de Gesa es una cuestión clara, objetiva y técnicamente bien establecida», ha resaltado Verger, que ha asegurado que esta sentencia «tiene deficiencias de motivación evidentes y graves».
Verger ha asegurado que la sentencia no desvirtúa en ningún momento «las exhaustivas y profusas argumentaciones» de los técnicos de Patrimonio del organismo insular, ni del Colegio de Arquitectos ni de la UIB que constan en el expediente administrativo.
«Simplemente asume íntegramente el contenido de un informe que fue requerido y pagado por Núñez y Navarro», ha añadido.
Por su parte, Font ha afirmado que el Consell «tiene la obligación de recurrir esta sentencia siempre y en primer lugar porque va en contra de sus decisiones, pero sobre todo teniendo en cuenta que el juez reconoce que el procedimiento de la catalogación fue impecable».
Los dos portavoces han estado de acuerdo en afirmar que «no puede ser» que el Ayuntamiento y el Consell lleven dos semanas deliberando y anuncien que tomarán una decisión un día antes de que se agote el plazo para presentar un recurso de apelación contra la sentencia que descataloga Gesa.
En este sentido, la coalición considera que no recurrirla podría generar «una situación jurídicamente complicada para el Consell de Mallorca, ya que podría tener que afrontar demandas de indemnización por parte de la promotora».