El Govern no exigirá el certificado del catalán a ningún trabajador de la sanidad pública balear excepto a los asesores lingüísticos, como mínimo durante un año, desde que entre en vigor la nueva Llei de Funció Pública.
Así lo informó ayer la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, Núria Riera, al presentar a los sindicatos que forman parte de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics, integrada por CCOO, UGT, STEI-i, CSIF y FSES (que engloba al Cemsatse y a ANPE) el tercer borrador del anteproyecto de modificación de la ley.
Un año
A lo largo de este año de moratoria, según informa el Govern, tanto la Administración de la Comunitat Autònoma como las entidades locales y las empresas públicas que dependen de él, tendrán que definir su relación de puesto de trabajo, las características y funciones de cada uno de los puestos de trabajo.
Además, se modificará la ley, añadiendo una disposición final tercera, para que el catalán tampoco sea un requisito para acceder a un puesto de trabajo de policía local.
Todos los sindicatos que forman parte de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics, excepto el FSES (Cemsatse y ANPE) se mostraron en contra del anteproyecto de modificación de la ley y mostraron su malestar por la rebaja del catalán y que éste deje de ser un requisito para acceder a un trabajo en la Administración pública.