El pleno del Consell de Mallorca, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobó ayer una moción por la que se insta al Govern balear, también del PP, a «exigir el cobro de forma inmediata de toda la deuda que tiene pendiente con el Consell».
La consellera insular d'Hisenda, Margalida Roig, cifró en unos 210 millones la cantidad pendiente de cobro, sin incluir una asignación para carreteras.
La moción había sido presentada por el PSIB y también obliga a la institución insular a establecer un calendario de pagos a sus acreedores, sean ayuntamientos, empresas, entidades o particulares.
Asignaciones
Esta moción fue la única de las presentadas por los grupos de oposición que se aprobaron ayer. Fueron rechazadas otras, como la que pretendía poner en marcha una comisión para tomar «medidas anticrisis»; otra en «defensa de la sanidad pública»; una por la que se instaba al Gobierno de Estado a modificar la ley sobre las hipotecas y una cuarta por la que se solicitaba una mayor dotación para el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
Hasta que se aceptó la moción referida al pago de lo que debe el Govern, todas las propuestas de la oposición fueron cayendo una tras otra y eso indignó a los diferentes portavoces que reprocharon «el rodillo» del que hacía gala el PP.
Según Jaume Garau, del PSOE, la estrategia del PP de decir 'no' a todo era un ejemplo de la voluntad del actual equipo de minimizar el papel de la institución o, incluso, de hacerlo desaparecer. Los socialistas retiraron una moción en la que se instaba a [M] a pagar a sus proveedores. Lo hicieron, a la espera de que se resolviera el conflicto creado por el embargo de las cuentas como consecuencia de la frustrada compra de la finca de Son Puig como sede de la televisión insular.
El pleno, sin ningún debate y por unanimidad, aprobó las asignaciones económicas a los grupos políticos. Se mantendrá en 230.000 euros anuales, después de que el pasado año se rebajase un 17%.