La dirección del PP se plantea abrir un expediente al diputado y alcalde de Manacor, Antoni Pastor, que podría conllevar la expulsión, si no da marcha atrás y retira las alegaciones, consensuadas con todos los partidos, a la modificación de la Llei de la Funció Pública que rebaja el nivel de catalán para acceder a la administración pública.
Además se prevé la apertura de un expediente disciplinario, ya que la dirección entiende que el alcalde podría haber cometido una falta grave, al contradecir el programa electoral con el que José Ramón Bauzá se presentó en las últimas elecciones.
Esta advertencia se extiende a otros alcaldes populares como Biel Serra de sa Pobla o Bartomeu Cifre de Pollença, que han anunciado que también presentarán alegaciones en la defensa del catalán consensuadas con los partidos de la oposición.
Este aviso busca acallar cualquier discrepancia con la política impuesta por Bauzá, aunque tanto Pastor, como Serra y Cifre se mantendrán en su postura, tal y como confirmaron ayer a este periódico.
'Sin noticias'
Por su parte, Antoni Pastor manifestó desconocer de manera oficial la apertura de un expediente disciplinario contra su persona expresando su estupefacción por el tema. «No tengo ninguna noticia oficial sobre ello pero me dicen que la cosa va por este camino», concluyó.
Además, el secretario general del PP, Miquel Ramis, declaró que «todos nos debemos al partido y hay que defenderlo, así como su programa electoral, ya que esta modificación estaba prevista», añadiendo que «las personas tienen que ser responsables de sus hechos y atenerse a las consecuencias».
De esta manera, la dirección del PP no tomará ninguna decisión al respecto hasta conocer las intenciones finales de los alcaldes amonestados por su decisión de alegar a modificación de la Llei de la Funció Pública que promueve el presidente Bauzá.
Se trata, pues, de un pulso entre la corriente más regionalista del partido y la fiel a las tesis de Bauzá que, en el caso de Manacor, ha dinamitado el equipo de gobierno del PP liderado por Pastor, ya que dos de sus once ediles -el senador Llorenç Bosch y el presidente de los populares de Porto Cristo, Antoni Servera- votaron contra las alegaciones consensuadas con todos los partidos municipales.
Además, algunos afiliados de la junta local de Porto Cristo estarían promoviendo un documento que censuraría la actuación de Pastor en defensa de la lengua catalana.