Diferentes entidades sociales y políticas han presentado hoy una batería de alegaciones al proyecto de reforma de la Ley de Función Pública, iniciativa del Govern que, según su criterio, supondrá la «marginación» del catalán en la administración balear.
«Las modificaciones previstas en el anteproyecto posibilitan que los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses sean marginados en el trato con la administración», señala en un comunicado el sindicato STEI-i, que ha alegado contra la norma propuesta junto a la Obra Cultural Balear (OCB) y Esquerra Unida (EU), entre otras organizaciones.
El STEI-i entiende que, de aprobarse la reforma, se propiciará la vulneración del derecho de los administrados a ser atendidos por los funcionarios públicos en su propia lengua, según indica esta entidad en un comunicado.
También la OCB ha emitido una nota de prensa informando de la presentación de unas 500 enmiendas, aunque asegura que antes de que acabe el plazo el próximo sábado las alegaciones se «superarán las 3.000».
En la misma línea, EU denuncia que el proyecto de reforma legal «no tiene en cuenta que la lengua catalana es lengua oficial, y menos que es la lengua propia de las Islas Baleares».
Este partido, al igual que el resto de organizaciones contrarias a la reforma de la Ley de Función Pública, reclama al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que retire el proyecto y mantenga el consenso sobre la política lingüística en la administración vigente hasta ahora.