La Policía Judicial y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach han interrogado esta tarde en Barcelona a Diego Torres, socio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el Instituto Nóos, con el fin de tomarle declaración acerca de la documentación incautada este lunes durante los registros que se llevaron a cabo en la sede de cuatro empresas relacionadas con el citado Instituto, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Precisamente, Torres estuvo presente en los citados registros llevados a cabo por la Policía Nacional y por Horrach en el marco de la investigación sobre un presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas al Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por Urdangarín.
Así, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, mantiene imputados al fundador de la entidad dedicada al mecenazgo, Diego Torres, así como al director general de Deportes en la última legislatura del PP, José Luis 'Pepote' Ballester, y del ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Raimundo Alabern.
Los dos últimos firmaron dos convenios entre Ibatur y la Fundació Illesport con Nóos por 1,2 millones de euros en 2005 y 1,1 millones en 2006 para la celebración de un foro sobre turismo y deporte, si bien el destino de estos fondos no ha sido justificado.
De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport no ha sido acreditado.
El Ejecutivo autonómico abonó a Nóos, a través de la Fundació Illesport y el Ibatur, un total de 2,3 millones de euros a pesar de que el evento duró tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.
Son unos hechos investigados en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).
El propio Torres, quien sucedió a Urdangarín al frente de Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo, manifestó que los trabajos para los que se destinaron los fondos públicos se llevaron a cabo, y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para el foro.
La Policía pide información sobre los contratos de Nóos con CACSA y la Conselleria de Presidencia
Agentes de la Policía judicial se personaron este lunes en la sede de la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos, que se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
Según estas fuentes, la información facilitada a la Policía es la relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.
En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.
En relación con este contrato, las mismas fuentes han puntualizado que el expediente ha sido objeto de fiscalización por la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas, que determinaron la inexistencia de responsabilidad y estimaron que estaba «plenamente justificada» la legalidad de las actuaciones que realizó CACSA.
Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.
Asimismo, las mismas fuentes han apuntado que este convenio se llevó a cabo «dentro de la más estricta legalidad» y previa justificación del gasto por el Instituto Nóos y, según el informe de fiscalización de la Intervención General, sin que se hubiera detectado ninguna irregularidad.